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“Todos los funcionarios y los contratados perciben sus remuneraciones con cargo al Presupuesto General de la Nación”, explicó el abogado Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una de las organizaciones miembros del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI).
El letrado explicó además que los congresistas no pueden ampararse en la Ley 1.682/01, que reglamenta información de carácter privado, ya que esta legislación, “expresamente permite que los datos de personas que revelen su situación patrimonial puedan ser publicados o difundidos cuando constan en fuentes públicas de información”, en su artículo 5.
Por otro lado, en Paraguay ya existe el antecedente de la divulgación de nómina de funcionarios, incluyendo la información de sus salarios. Este es el caso de las municipalidades de Villarrica y Bahía Negra, que publican la nómina de los funcionarios con sus respectivos salarios.
Otro ejemplo es el del ciudadano lambareño que logró acceder a documentos relacionados al presupuesto del 2007 de la Municipalidad de Lambaré tras una medida judicial. Los documentos incluían el anexo de personal contratado por la administración de Roberto Cárdenas (ANR).
En la sentencia, la jueza María Mercedes Buongermini Palumbo sostuvo que “las personas tienen derecho a acceder a la información sobre cómo se utiliza el dinero de sus impuestos y que las agencias gubernamentales están obligadas a proporcionar esa información”. Además, aseguró que los ciudadanos tienen el derecho a conocer los salarios de los funcionarios, ya que de esta forma pueden juzgar si la administración se lleva a cabo conforme a las normas.
Las entidades de otros países de la región, como Uruguay, Brasil, Chile, El Salvador, Estados Unidos y Canadá, también dan a conocer los salarios de todos los funcionarios de entidades públicas, sin que esto comprometa la seguridad de los trabajadores.
Si bien en Paraguay aún no existe una ley que reglamenta el acceso a la información pública, este derecho está consagrado en la Constitución Nacional y ratificado por el Congreso a través de diversas normativas internacionales. Si bien la norma no haya sido reglamentada, el artículo 45 de la Constitución establece que “la falta de la ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho a garantía”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), se niega rotundamente a entregar a la prensa la lista de funcionarios permanentes, contratados y comisionados, con sus respectivos salarios, de la Cámara de Diputados. En el Senado, el presidente Julio César Velázquez (ANR) asumió la misma actitud que su colega de la Cámara Baja.
Al negar información a la prensa, Ramírez y Velázquez violan el Art. 28 de la Constitución que señala: “Las fuentes públicas de información son libres para todos”.