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La secretaria de Estado de Hacienda, en rueda de prensa, lamentó el hecho de que en la última etapa de análisis en la Cámara de Senadores de la propuesta de evitar excesos en los aumentos fue desvirtuada.
“El Congreso aprobó un Presupuesto desfinanciado y una importante reestructuración del gasto, que no es un tema menor. Se movieron partidas de inversiones a gastos corrientes (salarios de funcionarios)”, afirmó.
Añadió que el incremento de la rigidez del gasto salarial resultante, en relación a la versión presentada por el Poder Ejecutivo, representa aproximadamente US$ 87 millones, que deberían ser financiados con impuestos.
“Nosotros hemos trabajado en una propuesta alternativa, que fue presentada por escrito a cada uno de los congresistas, de manera a revertir esa situación que se había dado en el Senado. Allí teníamos todavía una oportunidad, porque la decisión parlamentaria terminaba impactando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, como los programas sociales”, expresó.
La ministra recordó que “en todo momento” del proceso han alertado de esta situación al Congreso, “pero desafortunadamente tenemos que decir que nuestros reiterados pedidos de una mayor responsabilidad y mejor manejo de los recursos públicos fueron ignorados”.
Sobre el punto, dijo que el veto parcial es la “única herramienta” que tiene disponible el Poder Ejecutivo para poder realizar un “control de daños”. Agregó que el rechazo no solamente es una atribución, sino también una obligación del Ejecutivo nacional de presentarlo al Congreso, del cual se espera que tome en consideración de este pedido.
Aseguró que el Ministerio de Hacienda “no desconoce las legítimas reivindicaciones salariales solicitadas”, específicamente por los funcionarios de Salud y Educación.
“Para el sector docente, nosotros hemos trabajado en la determinación del salario básico profesional en reiteradas reuniones, nunca planteado antes, y finalmente se ha propuesto un incremento de 12% que representa una importante carga al Presupuesto”, alertó.
Recordó que, finalmente, se había decidido destinar un tercio de los ingresos tributarios del año 2018 para el pago de salarios, que desde el punto de vista de Hacienda es lo “financieramente sostenible”. “Sin embargo, el Congreso tomó la decisión de incrementar aún más, sin tener en cuenta la financiación”, lamentó.
En cuanto al sector salud, dijo que se había propuesto trabajar en la reducción de las inequidades salariales existentes con el presupuesto sancionado. “Lamentablemente, estas inequidades se han exacerbado y se dificulta avanzar en la equiparación salarial de los distintos estamentos que componen a la salud pública”.
La ministra Lea Giménez advirtió, asimismo, que se prevé una menor recaudación para el ejercicio 2018, considerando sendas sentencias adversas de la Corte Suprema de Justicia. Dijo que con el fallo que beneficia a los procesadores de soja, por ejemplo, estarían recaudando US$ 140 millones menos el año que viene.
Acotó que Hacienda igualmente dejará de recaudar en concepto del IVA Cooperativo, considerando otro revés en la máxima instancia judicial que beneficia a las cooperativas. “Los fallos son graves y la Corte Suprema ni siquiera escuchó la opinión del Ministerio de Hacienda sobre estos temas, afectando la institucionalidad de la República”, advirtió.