Cerro León: el empresario que está detrás de todo

Un empresario peruano es quien está detrás de la intención de explotar el Cerro León y fue el mismo quien propuso una audiencia pública en un punto donde el acceso es una odisea.

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Así lo confirmó el propio ministro de la Secretaría del Ambiente (Seam), Rolando de Barros Barreto, al referirse a la intención -con aparente anuencia del Gobierno- de prospección y explotación de hidrocarburos en la zona de influencia del Cerro León.

Se trata de Enrique Rassmuss, un empresario de origen peruano, según detalló. El mismo hombre es el responsable de que la audiencia pública, que debe arrancar a las 09:00 de hoy, se realice en un punto casi inaccesible. “Eso ya es cuestión donde el proponente establece..., no somos nosotros, sino el empresario peruano”, indicó al justificar el escenario casi inaccesible.

En otro punto, indicó que “la reglamentación” avala la decisión de que la reunión se realice en un sitio de esta naturaleza. “Es bastante alejado (el punto de encuentro), pero la reglamentación así lo indica”, refirió.

Explicó que el extranjero propuso el sitio pero fue el Ministerio de Obras Públicas el que finalmente aceptó el planteamiento. “Con Obras Públicas se establece el llamado y difusión masiva”, agregó.

Pese a la insistencia sobre la explotación de la reserva, el secretario de Estado aseguró que la jornada de la fecha -fuertemente cuestionada por varios sectores de la misma ciudadanía- “no es vinculante”.

Rolando de Barros aseguró que la exploración no afectará los parques nacionales Defensores del Chaco y Médanos del Chaco. “Esto no está dentro del parque; el área de prospección en sí no es dentro del parque”, indicó.

El mismo secretario de Estado recordó que dentro de las reservas no pueden realizarse actividades de explotación de ninguna índole. “No se va a hacer ningún estudio dentro”, insistió pese a que las denuncias indican todo lo contrario.

El mismo exministro de la Seam Óscar Rivas indicó que se está ante un inminente delito ambiental y consideró que la actitud de las autoridades de plantear una audiencia cuasi secreta supone un “delito flagrante” e incluso un hecho “inconstitucional”.

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