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En mayo pasado saltó a la luz un millonario escándalo en el seno de la Policía Nacional. Altos jefes de la fuerza del orden estaban involucrados en un enorme esquema que utilizaba tarjetas que debían ser usadas para la carga de combustibles a unidades especiales para realizar desvíos de grandes cantidades de dinero.
Una investigación de ABC Color reveló cómo el mismísimo comandante de la Policía, Francisco Alvarenga, había multiplicado varias veces su patrimonio, al igual que el suboficial Roberto Osorio, pieza clave dentro del esquema.
Han pasado ya nueve meses desde que el caso salió a la luz y actualmente la causa se encuentra paralizada. Así lo señaló uno de los fiscales que investiga el millonario desvío, Aldo Cantero.
En contacto con la 780 AM, Cantero explicó que la causa se encuentra parada debido a que existe un recurso de reposición y apelación contra una resolución del juzgado penal de garantías. Esta resolución, señaló el fiscal, pretende limitar a solo un mes el período de investigación del supuesto enriquecimiento ilícito del excomandante de la Policía, Francisco Alvarenga y su esposa.
“Es un tanto ilógico pensar investigarle a una persona solamente un mes que cumplió funciones, siendo que el funcionario público se enriquece a través del tiempo y, evidentemente, cometiendo varios hechos punibles”, aseveró.
Cantero recordó que el mismo juzgado penal no había expresado esta opinión al momento de decretar la prisión del suboficial Roberto Osorio, también procesado por supuesto enriquecimiento ilícito. Llamativamente sí lo hizo con Alvarenga.
“El único límite que tiene el Ministerio Público para investigar es el del plazo de prescripción del delito que en este caso es de diez años. Es decir que podemos investigar 10 años atrás a una persona por este hecho”, acotó el representante del Ministerio Público.
Hasta el momento, prácticamente todas las personas que se desenvolvían en el área administrativa de la Policía durante el período que ocurrió el desvío se encuentran imputadas y se analiza la conducta de más de 100 playeros que habrían participado del esquema. Sin contar a estos playeros, son casi 20 las personas imputadas en este millonario escándalo que habría ocasionado pérdidas por alrededor de G. 7.000 millones, según datos de una auditoría.