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Luego de un cuarto intermedio para consensuar las cuatro acusaciones en un solo libelo acusatorio, se dispuso la votación, en la que no se lograron los 47 votos necesarios para aprobar el juicio político.
Con 43 votos a favor del juicio político y 27 en contra, con un total de 70 presentes, fue decisiva la postura de rechazo del cartismo que terminó salvando al fiscal general del Estado.
Para los cartistas no fueron suficientes los argumentos en contra del fiscal general del Estado, como el hecho de haber ubicado a varias decenas de parientes y amigos en la función pública, el haber impedido el control a su gestión por parte de la Contraloría General de la República, haber usurpado el cargo pese a tener mandato fenecido, entre otros.
Los diputados cartistas Bernardo Villalba y Clemente Barrios fueron los principales defensores de Díaz Verón que se otorgó a sí mismo un "permiso" para apartarse temporalmente del cargo.
El fiscal general del Estado es investigado, además, por presunto enriquecimiento ilícito. El libelo acusatorio, que finalmente no prosperó, argumentaba además la persecución a inocentes, con relación al caso de los jóvenes liberales investigados por los incidentes de la quema del Congreso.
Díaz Verón es otro de los que aparece citado en audios filtrados, donde se menciona que incluso habría negociado imputaciones a referentes de la oposición, a solicitud de José Ortiz.
