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El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscala Blanca Agüero tanto en el caso de Cárdenas como de los auditores de obras y el exdirector del Colegio Nacional de Lambaré, Vicente Acosta, y los auditores tanto de la Comuna lambareña como del Ministerio de Educación, a quienes compete la parte de obras, informó el magistrado en comunicación con ABC Color.
Tanto Cárdenas como los demás imputados por lesión de confianza deberán firmar el libro de actas del 1 al 5 de cada mes y tienen prohibición de salida del país y se les impuso una fianza real de G. 300.000.000 y una fianza personal de G. 50.000.000. Las partes serán notificadas en el transcurso de este martes, refirió el juez Camé.
Al exintendente se le prohibió además acercarse hasta los 300 metros de la municipalidad local, como así también a 300 metros del colegio donde se produjo el derrumbe, para descartar la posibilidad de que se intente sustraer evidencias documentales, ya sea en el local comunal o en la institución educativa mencionada.
Del mismo modo, se prohibió a Cárdenas el contacto con los familiares de los alumnos heridos tras el desmoronamiento del techo, sea cual fuere el medio para dicho fin: vía telefónica o mensajes de texto, entre otros. Por otro lado, confirmó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para Alejandrino Duarte, propietario de la “ADC Construcciones”, por exposición al peligro en la construcción.
Esta empresa fue adjudicada de forma directa para las refacciones en varias aulas del Colegio Nacional de Lambaré. El monto asignado para la obra fue de G. 69 millones, pero la Comuna desembolsó la suma de G. 266 millones que forman parte del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). El dinero fue entregado al entonces director de la institución educativa, Vicente Acosta.