Indígenas cansados de esperar justicia

Indígenas enxlet ingresaron a una propiedad de 14.000 hectáreas en el Bajo Chaco que les pertenece, según una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El inmueble está en manos de un ciudadano alemán que cierra el camino al diálogo.

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Los indígenas de Sawhoyamaxa, que desde hace más de 20 años fueron expulsados de sus tierras para vivir en condiciones infrahumanas al costado de la ruta Rafael Franco, en los kilómetros 370 y 390, están cansados de esperar que el Estado paraguayo de cumplimiento a sus derechos.

“Durante más de 23 años recurrimos pacíficamente a todas las instancias, administrativas y judiciales, nacionales e internacionales, para recuperar nuestras tierras. Decidimos volver a ocupar Sawhoyamaxa, nuestras tierras ancestrales”, expresó Carlos Marecos, líder de la comunidad, en un comunicado a la prensa. El jueves, el grupo de nativos ingresó al inmueble que siguen en manos del ganadero alemán Heribert Roedel.

La sentencia de la CIDH, dictada en el 2006, señala que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier índole necesarias, para en el plazo máximo de 3 años, entregar física y formalmente a los miembros de la Comunidad Sawhoyamaxa sus tierras tradicionales.

El centro de las negociaciones continúa siendo el precio. Roedel pide  US$ 1.700 por hectárea, mientras que la propiedad no podría valer más de US$ 1.000 por hectárea, según manifestó la ministra de Justicia y Trabajo, María Lorena Segovia, entrevistada este sábado por ABC Color.

“Los plazos para el cumplimiento de la sentencia se han extendido en demasía”, sostuvo Segovia, asegurando que el Gobierno mantiene el compromiso de cumplir con los requisitos legales.

Segovia participa en una mesa de negociación, acompañada por el vicepresidente Oscar Denis Sánchez y el ministro de Industria y Comercio, Diego Zavala Serrati, reformada el 6 de marzo de este año a través del Decreto del Poder Ejecutivo 10.756. “Por un lado está el respeto a la comunidad, pero debemos proteger los derechos de los inversionistas”, aseguró.

Mientras tanto, los indígenas se mantienen firmes en la lucha por sus derechos, considerando que la reocupación de sus tierras es un paso histórico para la comunidad.

“Tomamos esta legítima decisión porque no vemos ninguna esperanza de que el Estado haga lo que tenga que hacer para restituirnos nuestras tierras, desalojando al invasor”, aseguró Marecos. La recuperación del territorio reclamado es fundamental para los nativos porque de eso depende el futuro de la comunidad, explicó el líder indígena.

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