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En un comunicado, la Cancillería respondió a las recomendaciones de la CIDH de fecha 8 de junio de 2015, que instaba al Estado Paraguayo tomar medidas cautelares para proteger la integridad de la niña de 10 años, embarazada aparentemente de su padrastro.
El Gobierno sostiene que “han sido adoptadas todas las medidas para evitar la impunidad de este hecho ilícito y garantizar la vida e integridad de la niña embarazada y el prenatal”, por lo cual rechazó las medidas cautelares de la comisión internacional.
Agrega además que el Estado ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 4° de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, que garantiza la protección de la vida desde el momento de la concepción, concordante con el Art. 4° del Pacto de San José de Costa Rica.
Finalmente y considerando el nivel de exposición mediática que ha alcanzado el caso, “se recuerda a los medios y a la opinión pública en general la necesidad de precautelar la identidad de la niña y su entorno familiar, respetando su derecho a la privacidad y a la no exposición, tanto de ella como de su bebé gestante, de conformidad con el Art. 27 de la Ley 1680/01 del Código de la Niñez y la Adolescencia”.
La Comisión, con sede en Washington, pone de relieve un informe de una junta médica, compuesta por doctores, psiquiatras y psicólogos de distintas especialidades, que el 12 de mayo de este año destacó que la niña, que mide 1,39 metros, pesa 34 kilos y padece de desnutrición y anemia, tiene cuatro veces más posibilidades de morir por el embarazo que una mujer adulta.
Este informe subraya que, en caso de continuar con la gestación, la niña tendría 1,6 veces más riesgo de sufrir hemorragia post parto, 4 veces más de riesgo de infección endometrial, 1,4 veces más riesgo de padecer anemia y 1,6 veces más de sufrir eclampsia, infecciones sistemáticas y riesgos en su futuro reproductivo.
El informe habría recomendado que “se interrumpa el embarazo y que se evite la revictimización de la niña”.
Por eso, la Comisión cree que se cumplen los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar al Ejecutivo paraguayo que proteja la vida de la menor, garantizándole acceso a un tratamiento médico adecuado para su situación y permitiéndole decidir en este aspecto.
Además, el organismo internacional exige a Paraguay que adopte todas las medidas necesarias para que la menor cuente con todos los apoyos técnicos y familiares necesarios para proteger sus derechos.