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“El lunes 5 vamos a amanecer en Asunción para venir a denunciar el incumplimiento de la ley de emergencia de la agricultura familiar campesina. Van a venir 1.000 a 1.500 delegados de distintos departamentos para hacer una denuncia”, indicó Filemón Paredes, dirigente de la CNI, aunque todo dependerá de un último intento de arreglo con miembros de la Comisión Permanente del Congreso y del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
“Si nos acompañan (los legisladores) y hay un acuerdo para que se cumpla la ley como firmamos, en ese caso no vamos a venir”, dijo el dirigente campesino, a la espera de una reunión fijada para las 10:00 con miembros de la Comisión Permanente, quienes hoy sesionan.
“Esta ley de emergencia dura 6 meses. El mes de febrero se va a cumplir 6 meses y hasta este momento pensamos que cumplió lo mínimo, un 7% apenas, con la Coordinadora Nacional Intersectorial”, reclamó.
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Los campesinos habían reclamado el año pasado la condonación de sus deudas, algo que finalmente no corrió y se acordó la refinanciación, a la vez de otorgarles asistencia para el cultivo de nuevos rubros. Recordó que se habían establecido US$ 40 millones que iban a ser administrados por el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pero la ayuda no llegó, principalmente porque muchos no fueron inscriptos en el Registro Nacional de Beneficiarios (Renabe).
“El Ministerio de Agricultura entregó 15 tractores a dos de nuestros compañeros asociados de la Coordinadora, pero a cinco no les llegó nada hasta ahora. Además de los kits de víveres, ni un kilo que se había comprometido la SEN llegó a la gente de la Coordinadora”, reclamó.
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“Hablamos con el ministro de Agricultura y nos dijo que no tiene funcionarios en el Renabe para meter a nuestros compañeros, porque dicen que solo eran 18.000. Nos preocupa, porque hace 6 meses ya venimos trabajando en eso” y en el CAH ya se tiene que iniciar el periodo de refinanciación de deudas, agregó.
“Queremos hablar con ellos (Comisión Permanente), a ver si no asumen un compromiso serio. La gente no es que quiere venir, pero tenemos que demostrar el incumplimiento que hay en la ley”, remarcó.