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El hecho se registró sobre la Avenida Santísima Trinidad y Merlo, a cuadras de la avenida Aviadores del Chaco, en Asunción y resultó víctima del intento de homicidio la administradora del TSJE, Liliana Benítez, reportó el comisario Carlos Ozuna, en comunicación con la 780 AM.
Relató que el atentado ocurrió cuando la mujer llegó hasta el frente de una oficina, bajó del vehículo Mercedes Benz C220, blanco, chapa YAE 998 e inmediatamente desconocidos dispararon contra el vehículo, del lado del conductor, presumiblemente por parte de una persona mayor de edad, quien iba a bordo de una camioneta blanca marca Isuzu.
Benítez en ese momento estaba entrando en la oficina, por lo que no recibió impacto alguno. Ya se encuentra personal de Criminalística e Investigaciones de Delitos de la Policía Nacional, además del Ministerio Público.
Su esposo, el gobernador de Itapúa Luis Gneiting (ANR), manifestó que el ataque a su pareja tiene directa relación con su trabajo en el TSJE, pues asegura que Liliana Benítez había recibido varias amenazas por parte de desconocidos que la acusan de ser la que dio nombres de funcionarios que cobraban, pero no asistían en la institución (planilleros). “A través de terceras personas se dieron las amenazas, jamás pensé que iba a suceder esto”, sostuvo, en contacto con radio Cardinal.
Desde ayer Benítez está con permiso de vacaciones en la Justicia Electoral. Aparentemente este pedido fue por las fuertes presiones del ministro del TSJE Alberto Ramírez Zambonini, quien la acusa de ser la principal responsable de que funcionarios que supuestamente dice no conocer figuren en su dependencia.
Cabe recordar que los fiscales Nadine Portillo y José Dos Santos se habían reunido el pasado 3 de noviembre con Liliana Benítez, el superintendente Modesto Núñez y los ministros del TSJE Jaime Bestard y María Elena Wapenka, para que se les entregue documentaciones sobre casos de personas investigadas por cobro indebido de honorarios. Concretamente se trata de los casos de Clara Haydée Silveira Arza, Gloria María Paz Silveira Arza y Ana Catalina Arza. Las mismas fueron forzadas a renunciar debido a que percibían buenos sueldos y no concurrían a la institución a prestar servicios.