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Quinientos mil dólares, unos 2.250 millones de guaraníes. Ese fue el precio del rescate del joven Arlan Fick, de 16 años, según confirmó el padre del menor. El secuestro fue bien planificado por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), según informaciones oficiales a las que accedió nuestro diario hace semanas y no las dio a conocer hasta que el padre de Arlan las confirmó.
Todo comenzó el 24 de diciembre de 2013. La familia Fick se encontraba en la misa de Nochebuena en Azotey, mientras tanto, la computadora personal del padre de Arlan, Álcido Fick, era robada.
Los criminales del EPP se enteraron de todos los movimientos financieros de los Fick tras revisar la máquina. Ese fue el primer paso para secuestrar a Arlan, el pasado 2 de abril.
Ese miércoles, día en que también murieron Bernardo Bernal Maíz, alias “Coco”, y Claudelino Silva tras un ataque en la tierra que tienen los Fick en Paso Tuyá, Azotey; Arlan Fick conversaba tranquilamente por teléfono con una amiga, sin saber lo que le esperaba.
Golpes en las puertas y las ventanas. Susto. Álcido Fick – quien había identificado a través de la ventana a Osvaldo Villalba, una de las cabezas del EPP – dice a su familia que se encierre en una pieza. Entran él, la madre de Arlan, el joven y una nieta de don Álcido, de siete años.
Los miembros del EPP balearon la puerta e ingresaron a la casa para saquearla. Le dijeron a Arlan Fick que prepare la mochila, que se iba a ir. Se llevaron también víveres, provisiones, leche, huevos. Sabían dónde estaba todo. Esto se contradice con la versión del Gobierno que sostiene que Arlan fue secuestrado para que los miembros del EPP pudieran huir ese día.
En ese momento, mientras se llevaban a Arlan en medio de armamentos de grueso calibre, el EPP ya anunció a la familia que el precio del rescate sería de 500.000 dólares.
Una de las hermanas de Arlan Fick llevó el dinero, siguiendo instrucciones del EPP, hasta un camino vecinal de Azotey. Allí se encontró cara a cara con una de las secuestradoras, en medio de dos tambores. La mujer le dijo a la hermana de Arlan que mirase los tambores, que en ellos había explosivos, y que si intentaba hacer algo contra sus órdenes, los haría explotar.
La hermana recibió una instrucción más: repartir a comunidades pobres la suma de 50 mil dólares en víveres en nombre del EPP. Esta era la “multa” impuesta a la familia Fick Bremm porque en los medios de prensa trascendió que el grupo criminal asesinó al peón Isaac Arce también el 2 de abril.
La familia había realizado la repartija de víveres abiertamente, porque supuestamente era la exigencia para liberar a Arlan. En realidad era la “multa” del EPP, así como sucedió en el caso Cecilia Cubas, donde sus familiares pagaron 300 mil dólares de “castigo”.
El 2 de abril, el Gobierno hacía vítores porque durante un enfrentamiento, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) había dado de baja los criminales Bernardo Bernal Maíz y Claudelino Silva.
El ministro Francisco De Vargas aseguraba que el EPP no tenía más provisiones, por lo cual asaltó la casa de la familia Fick Bremm, pero no pensó en la rápida llegada de la FTC. Para cubrir la huida, supuestamente, tomaron como escudo humano a Arlan, decía De Vargas.
El robo de alimentos y víveres fue algo secundario y esto ya lo había hecho el EPP cuando tomó al ganadero Fidel Zavala, en paso Barreto, el 15 de octubre de 2009.
Ni la Fiscalía ni las autoridades gubernamentales reaccionaron a tiempo ante el secuestro de Arlan. Primero lo presentaron como un caso fortuito y luego se llamaron a “silencio”.
Una de las estrategias legales que tenía la Fiscalía era la ley 4005/10, que había sido aprobada poco después de la liberación del ganadero Zavala.
En el artículo 1º de la legislación habla del “aseguramiento de los bienes”. Establece que si el Ministerio Público tiene conocimiento de un caso de secuestro, con autorización de un juez, tiene que proceder al embargo de todos los bienes de los familiares de la víctima.
Con el embargo, la familia de un secuestrado no puede realizar operaciones bancarias, ni vender o transferir inmuebles.
El fiscal Federico Delfino, quien tiene a su cargo la causa de Arlan, pidió en fecha 10 de abril el bloqueo de los bienes de la familia Fick Bremm, debido a que en un principio la carátula del caso era por “Desaparición de persona” y no por secuestro. El pedido se realizó cuando la carpeta del caso cambió.
Dicha ley también establece en su artículo 3º que todo contacto o negociación con los secuestradores queda a cargo de los órganos especializados del Estado, en coordinación con la familia.
En esta causa, preliminarmente trascendió que la negociación con el EPP solo la realizó la familia Fick Bremm.
A todo esto se sumó que a lo largo del secuestro, nadie del Poder Ejecutivo visitó a la familia. Solo cuando la senadora opositora Desiré Masi estuvo con los allegados a Arlan hubo una tibia reacción del presidente de Paraguay, Horacio Cartes.