Cargando...
El ataque ocurrido el 27 de agosto pasado, en la localidad de Arroyito, distrito de Horqueta, departamento de Concepción, es considerado el más mortal cometido por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hasta la fecha.
Este martes se cumple exactamente un mes desde aquel fatídico sábado, y, poniéndonos a mirar atrás, no es difícil concluir que la justicia se ha esmerado poco y nada en hallar algún indicio convincente que lleve a atrapar a los autores del atentado.
Los familiares de los ocho militares asesinados, el subteniente de Caballería Félix Fernando Fernández Duarte, el vicesargento primero Genaro Dejesús Arias Palacios, el sargento primero de Infantería Robert Fabián Cañete Pereira, el suboficial primero de Transporte Lucio Dejesús Torrasca Galván, el sargento segundo Sergio Daniel López, el sargento primero de Infantería Eder Arias, el sargento primero de Infantería Hugo Candia y el vicesargento primero de Infantería Pablo Farías, continúan aguardando justicia por la sangre derramada injustamente.
En un único y tímido intento hasta ahora, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) detuvo a un hombre identificado como Juan Pereira Ríos, presunto colaborador del EPP. Las evidencias que se encontraron en poder del sospechoso fueron un arma sin documentos, municiones y algunos panfletos alusivos al extinto Partido Patria Libre, que dio origen al citado grupo criminal.
Por otra parte, en otro allanamiento en una de las casas de la zona fue demorado para averiguaciones Rosalino Ríos Martínez, vecino de la zona.
En una tercera casa se incautó un pedazo de cable cordón similar al que fue usado para detonar la bomba en el atentado. Esta última casa pertenece a los hermanos Luciano y Benicio Argüello, prófugos de la justicia por estar involucrados con el EPP.
Si bien el Ministerio Público formó un equipo especial para investigar el múltiple asesinato y el presidente de la República afirmó contundentemente que los responsables del ataque pagarían, con el transcurrir de las semanas todo quedó en la nada.
Lo más irónico de todo ocurrió un día después del ataque, cuando el presidente Horacio Cartes viajó hasta Arroyito para advertir a los jefes militares que ellos debían estar “en primera línea de combate”. Sin embargo, ni bien el mandatario regresó a la capital, todos los comandantes “se fugaron” de la zona, dejando, como siempre, a los subalternos exponiéndose en territorio de riesgo.
Coincidentemente, al cumplirse el primer mes del ataque, presuntos miembros del EPP dejaron este martes un nuevo comunicado en la zona rural de Tacuatí, distrito de San Pedro, en el que expresan amenazas y exigencias que ya son características del grupo. Este comunicado se encuentra dos días después de que se reportaran hallazgos de amenazas escritas del grupo criminal, una en la casa de la familia Riquelme, en la ciudad de Fernando de la Mora, y otra en la estancia Caravagio, de Azote'y.
Estos hallazgos motivaron a que la Policía decretara alerta máxima ante la posible presencia de miembros del grupo armado incluso en el departamento Central.
El sábado 27 de agosto, alrededor de las 07:30, una patrulla militar liderada por el subteniente Félix Fernando Fernández Duarte, compuesta por él y siete integrantes más, salieron de su destacamento, ubicado en Arroyito, con destino a Concepción. Sin embargo, poco después de salir, el móvil fue emboscado por miembros del EPP, quienes les pusieron un explosivo en el camino, que al detonar, logró detener la marcha.
Heridos, algunos efectivos reaccionaron, bajando del camión a intentando defenderse. Sin embargo, los criminales comenzaron a disparar sin piedad a militares que ni siquiera tenían chalecos antibalas.
Los cuerpos de algunos militares incluso tenían heridas de arma blanca, y balazos en la cabeza, lo que evidenció la saña con la que los uniformados fueron asesinados.
De los ocho, dos militares sobrevivieron en un primer momento, pero no resistieron y perdieron la vida mientras eran trasladados hasta el Hospital Regional de Concepción.