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El día en que Juan Arrom y Anuncio Martí supuestamente fueron liberados, un plantel de 13 médicos, la mayoría autoconvocados, los inspeccionó en el Sanatorio Migone. Al respecto, el Dr. Pablo Lemir, forense del Ministerio Público, señaló que ese procedimiento no fue una junta médica desde el punto de vista judicial, ya que no se siguieron las reglas de una pericia. “Sí es el informe de una inspección corporal del ingreso de un paciente”, señaló.
En ese mismo sentido, destacó que, luego de hacer una inspección de ingreso, se tiene que realizar un seguimiento para confirmar o descartar los datos recabados de manera preliminar. “Dentro de ese informe se habla de que el testículo derecho está aumentado más de lo normal. Posteriormente, se hace una ecografía y se corrobora que tiene un tamaño normal, lo que ocurre es que el testículo izquierdo está disminuido y se corrobora la presencia de varicocele, una enfermedad crónica similar a las varices, que provoca la disminución del tamaño del testículo (…) Son cosas que van haciendo decaer la fuerza que tiene el diagnóstico inicial”, detalló.
Cabe destacar la relevancia de este dato, teniendo en cuenta que Arrom aseguró que esa diferencia de tamaño se debía a supuestas torturas recibidas por parte de sus captores en los genitales.
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Por otra parte, Lemir también señaló que en la frente de Anuncio Martí constató la presencia de un rasguño, lo cual implica la acción con un objeto contundente pero totalmente superficial, nada profundo. Mencionó específicamente eso debido a que, en sus declaraciones, Martí dijo que le rompieron la cabeza con la culata de un arma y eso ocasionó que perdiera la conciencia.
“Un golpe así, más todavía con una culata de revólver, te va a causar, mínimamente, una equimosis, un hematoma y hasta una ruptura de la piel, más aún cuando dice que ese golpe le causa la inconsciencia”, aseguró el médico forense en contacto con ABC Cardinal.
Por otra parte, también sobre el mismo punto, Alejandra Peralta, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público, indicó que la junta médica que se realizó el día de la supuesta liberación no cumplió con todo lo establecido con el Protocolo de Estambul. A raíz de eso, por ejemplo, se ignoró el hecho del padecimiento de varicocele por parte de uno de los torturados
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Arrom y Martí demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo una indemnización de US$ 63 millones por supuesta "desaparición forzada y tortura". Los dos afirmaron que fueron secuestrados y que, durante su cautiverio, policías y representantes del Estado intentaron que se declaren culpables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, quien identificó plenamente a Martí.
No obstante, cabe recordar que ambos ya estaban siendo investigados semanas antes de la liberación de María Edith y también contaban con pedido de captura de la Fiscalía cuando ocurrió su supuesto secuestro. Días antes de que vayan a juicio oral por esto, huyeron al Brasil y obtuvieron el carácter de refugiados.
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El pasado jueves se realizó la audiencia de la Corte Interamericana en Costa Rica, de la cual participaron varios testigos. Los jueces destacaron varias contradicciones entre lo declarado por Arrom, a través de una videoconferencia, y lo dicho por su hermana.
Además, también notaron algunas falencias en los protocolos del Estado para las investigaciones. La decisión de la Corte estará lista recién a fin de año.
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