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El próximo 7 de febrero Paraguay deberá presentar sus alegatos frente a la Corte Interamericana de DD.HH. con relación a la demanda impulsada por Arrom y Martí contra el Estado por supuesta privación ilegítima de su libertad y tortura. Al respecto, Ricardo Merlo, fiscal adjunto de Derecho Humanos, explicó cuáles serían los alcances de que nuestro país fuese condenado por esta instancia internacional.
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“Es una audiencia en la cual el Estado paraguayo puede resultar con una sentencia desfavorable, que los coloque (a Arrom y Martí) en una posición de víctimas y que el Estado paraguayo tenga que hacerles reconocimientos y hacerles reparaciones no solo económicas, sino poner sus nombres a una calle, hacerles un monolito, por ejemplo, poner una estatua en la Plaza de la Democracia, que es una forma de reparación que establece la Corte aparte de la indemnización monetaria”, explicó.
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En cuanto al dinero, solicitan US$ 63 millones, que incluye un resarcimiento no solo para ellos si no para sus familiares, incluso a sus parejas sentimentales.
Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez están prófugos de la justicia paraguaya por ser sospechosos de haber participado en el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en noviembre de 2001. Ambos huyeron al país vecino, Brasil, y alegaron que se trataba de una persecución política.
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En ese entonces, argumentaron que fueron privados de su libertad de manera ilegítima y torturados por personal de la Policía Nacional en enero de 2002, razón por la cual lograron el estatus de refugiados en Brasil. Justamente este año, tras asumir a la presidencia Mario Abdo Benítez, volvió a reiterar el pedido de extradición de estas dos personas para que vengan a enfrentar el proceso.