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Durante la larga declaración que brindó Juan Arrom ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo brindó detalles sobre su supuesto secuestro y las sesiones de tortura de las que presuntamente fue víctima en el 2002, junto con Anuncio Martí. El mismo aseguró que la Justicia nunca actuó correctamente en su caso ni investigó nada al respecto.
Sin embargo, cuando el procurador Sergio Coscia le consultó si en algún momento presentó una denuncia, un escrito en contra de los fiscales del caso, por mal desempeño en sus funciones, confirmó que no lo hizo. “No presentamos porque no valía la pena”, alegó. En ese sentido, señaló que el Ministerio Público nunca realizó ninguna acción para apoyarlo.
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Asimismo, aseveró que manifestó claramente su disconformidad en todo momento sobre la inacción de la Justicia, puesto que desde un principio no se realizaron las diligencias que consideraba fundamentales para el proceso. Incluso agregó que uno de los fiscales intervinientes abandonó el caso porque supuestamente recibía muchas presiones por investigar el hecho y encontraba pruebas.
También dijo que se ignoraron a muchos vecinos que se presentaron voluntariamente a declarar. En otro momento, confirmó que no presentó declaraciones por recomendación de su abogado, al considerarlas violación del debido proceso.
Reiteró que el secuestro del cual fue víctima tuvo el único objetivo de que tanto él como Anuncio Martí se autoinculpen por un secuestro que no cometieron. Señaló que en ese entonces muchos políticos también dijeron que formaba parte de un plan para desestabilizar a la República. “Esa acusación contra mi persona se inició a partir de nuestro secuestro y pretendieron que nos autoinculpemos de ese hecho”, sostuvo.
Afirmó que identificó, meses después del supuesto secuestro, a muchos agentes policiales y miembros del Gobierno que participaron en todo momento durante las sesiones de tortura.
En otro momento, destacó que en el 2009, el entonces contralor Enrique García se comunicó personalmente con él para manifestarle el interés del Gobierno de llegar a una “salida amistosa”. Por ese motivo, su abogado, Rubén Lisboa, se reunió para conversar y “elaboraron una carta de intenciones”. Sin embargo, esas tratativas culminaron cuando el Gobierno emitió, en el 2010, una propaganda mediante la cual se ofrecía US$ 100.000 por su captura.
El mismo aseguró que esa propaganda fue a todas luces “ilegal”, puesto que se encuentra en carácter de refugiado político y amparado por las normativas internacionales. Incluso aseguró que el mismo cónsul paraguayo de ese entonces vivía en el mismo edificio que él, por lo cual desde entonces junto con Martí viven con “miedo y zozobra”.
Juan Arrom sostuvo en primer momento que ese año en que fue secuestrado tenían planificado, como movimiento Patria Libre, realizar un congreso importante y constituirse en partido con vistas a participar de la elecciones generales del 2003. Afirma que el 17 de enero por la noche, día en que supuestamente fue secuestrado, participó de una larga entrevista en radio Cardinal.
Afirmó que el entonces secretario de Justicia lo llamó para pedirle que presente proyectos en el área de pequeños productores y quedó en encontrarse con él al final de la tarde. “Salimos con su vehículo (de Anuncio Martí), le pedí que me acerque a la casa de este señor, en el trayecto (el secretario) me dice que se había mudado al centro, me da la dirección, la calle Lugano, casa de color verde. Llego con Anuncio, yo me bajo, lo llamo con mi celular y me pregunta si ya estoy frente a la casa. En ese momento varias personas armadas salen de ese lugar y me toman por la fuerza y me introducen en un vehículo”, sostuvo
Señaló que entonces empezó la serie de torturas que duraron durante todo el tiempo de su desaparición. “Me colocan un paño en la cabeza, me dan golpes en todo el cuerpo, realizan procedimientos de asfixias con bolsas de plástico por horas. Me dicen que yo tenía que tener información de una persona desaparecida, que eso formaba parte de un plan de desestabilización política del gobierno nacional, que estaban presentes representantes del oviedismo”, continúa diciendo.
Añadió que le pidieron declarar frente al fiscal Hugo Velázquez que él, Juan Arrom, y su movimiento formaban parte de ese plan conspirador y alega que negó todo. “Me dijeron aquí no hay abogado; hasta que no confieses ante el fiscal, de aquí no salís y podés terminar sin vida”, declara. En ese momento, siempre según su relato, continuaron las torturas.
El viernes, “muy adolorido, con las heridas sangrando y vomitando agua”, uno de los “jefes del grupo”, al que luego identificó como Antonio Gamarra, ingresó y le dijo que las sesiones de tortura iban a seguir hasta que él confirme su participación en el secuestro. Dijo que aceptó y, desde entonces, intentaron cubrir sus heridas, llamaron a un doctor y le dieron medicinas para disimular los moretones.
También dijo que logró identificar a otro policía como Francisco Servian, quien le llevó un celular para que conversara con el propio Ministro Julio César Fanego, quien supuestamente le volvió a ofrecer salir del país si accedía a firmar unos documentos.
En todo momento, según Arrom, sus captores le hicieron preguntas sobre su actividad política dentro del movimiento.
Luego de seguir dando muchos detalles de lo que supuestamente sucedió, culminó señalando que el miércoles 30 de enero fueron rescatados por la Policía y sus familiares. Dijo también que en la vivienda donde estuvo los primeros días quedaron cabellos rubios y sangre que demostraban las torturas recibidas.
Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez huyeron al Brasil y obtuvieron el refugio político durante el Gobierno de Lula da Silva, cuando se iba a realizar la audiencia pública por supuestamente haber participado del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, ocurrido en el 2001.
Los mismos recurrieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para denunciar al Gobierno nacional y exigir una indemnización de 63 millones de dólares, además de varias otras “reinvindicaciones”, como que algunas calles y museos lleven sus nombres.
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Arrom y Martí se declaran líderes del movimiento político Patria Libre y denunciaron al Estado por una supuesta “desaparición forzada y tortura durante los días 17 al 30 de enero de 2002”. Ambos afirman que fueron detenidos por agentes policiales, quienes los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionaron para que se declararan culpables del secuestro de María Edith.
Además, sostienen que las autoridades no actuaron con debida diligencia cuando conocieron sobre su posible desaparición, ni en el curso de la investigación. “No iniciaron la investigación de oficio y violaron el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba de responsables de un secuestro sin condena en firme”, se menciona en la demanda.
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