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Según el capitán Emigdio Benítez, uno de los bomberos expulsados por el Tribunal de Justicia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a las dos causas que ya pesan sobre miembros del directorio, tras la feria judicial se sumarían cuatro imputaciones más que ya fueron comprobadas durante este tiempo.
Los procesados hasta el momento son: Rafael Valdez (presidente), Luciano Florenciáñez (secretario), Mario Gini (tesorero), Daniel Rivas (excomandante), Elías Ramírez (excomandante), Julio Maíz (exsíndico) y Ramón Grange (exsíndico).
Aclaró que en la primera denuncia estos puntos ya se habían presentado, sin embargo, no tenían aún suficientes documentaciones respaldatorias.
Explicó que las imputaciones que se darían guardan relación con la supuesta sobrefacturación en compra de equipos entre 2014 y 2015, que en principio habían facturado como un total de 7.530. Sin embargo, según el documento presentado por los imputados como prueba ante el Ministerio Público, sólo pudieron rendir 1.343.
Por otro lado, se encuentra el caso de supuesta sobrefacturación de cubiertas y cubiertas no entregadas. En este punto dijo que se pudo comprobar la entrega de cubiertas sólo en algunos casos y que “el resto fueron facturas sólo con el fin de justificar gastos que en realidad no se hicieron”. Agregó que lo más llamativo “es que compraron una batería que en vidriera cuesta G. 320.000, pero esa misma batería ellos venden al CBVP por G. 980.000”.
El tercer punto guarda relación con las botellas de agua fantasma. Habían sido facturadas 11.900 botellas de agua para entregar a las diferentes compañías, sin embargo, según dijo, tras librarse oficio, se comprobó que ninguna compañía las recibió.
Finalmente, el pago de salarios al personal rentado de las compañías, es decir, personal administrativo y choferes que trabajan durante el día, que también fueron presentados en la rendición de cuentas, sin embargo, estas personas son remuneradas por cada compañía.
En términos generales, el capitán Benítez explicó que a la entidad entran anualmente alrededor de G. 15.000 millones, de los cuáles dos tercios (G. 10.000 millones) proviene de donaciones y aportes de la comunidad, mientras que los restantes G. 5.000 millones corresponden a recursos transferidos por el Estado.
De este último monto, la institución tiene obligación de rendir al Ministerio de Hacienda sólo G. 4.000 millones, pues los otros G. 1.000 millones restantes son para gastos admistrativos, señaló.
Benítez explicó que lo que ha venido ocurriendo es que la rendición de gran parte del presupuesto otorgado por el Estado ha sido fraudulenta, ya que utilizan las facturas que son enviadas por las compañías de los gastos provenientes de las donaciones. Aseguró que entre 2014 y 2015 las compañías recibieron lo equivalente a sólo G. 700 millones y el resto del dinero fue malversado, ya que usaban las demás facturas que no son las que corresponden a las arcas públicas.
Por su parte, el capitán Rafael Valdez, uno de los imputados, había informado que en principio fueron más de diez acusaciones, de las cuales corrieron sólo dos ante el Ministerio Público. Se trata de una ambulancia que fue donada de G. 98.400.000 y la supuesta falsificación de un presupuesto, de G. 900.000.000. Alegó que orquestaron “una campaña bien montada (...) “pero estamos en el baile y estamos seguros de que vamos a salir bien parados”.