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Torales es una de las pocas cercanas al caso, que se está tratando con lógico hermetismo, en pos de proteger a la pequeña que quedó embarazada a los 10 años tras sufrir una violación por parte de su padrastro. La abogada dijo a ABC Color que "estamos en los tres días de plazo que dieron los médicos como fecha posible del alumbramiento".
Afortunadamente, la niña está “estable” en cuanto a su salud física, refirió Torales. No obstante, “mental y psicológicamente” está “inquieta e incómoda”. De hecho, le manifestó a la jurista que está ansiosa “por llegar al final de todo esto”, comentó la profesional. En los últimos días, la pequeña recibió la visita de su abuelo y de su hermano, quienes lograron ingresar en la sala donde se encuentra internada gracias a una nota enviada por la defensa, logrando una orden judicial para el efecto.
Los médicos de la Cruz Roja que la atienden no quisieron dar mayores detalles del estado de salud de la paciente, debido a que el caso está judicializado y se requiere de varios permisos para hacerlo. También consultamos al respecto a la jueza de la Niñez de Luque, Pili Rodríguez, encargada del caso. No obstante, no quiso dar datos al respecto.
Tanto la niña de 11 años como la recién nacida estarán bajo la custodia de la madre de la menor, quien inicialmente fue imputada como cómplice en el caso de violación, cometido aparentemente por su expareja, padrastro de la víctima. La madre de la niña embarazada goza de libertad ambulatoria, lo cual implica que puede desplazarse libremente, pero que debe presentarse una vez al mes en el juzgado. La mujer cumple con medidas alternativas a la prisión. Primeramente estuvo recluida en la prisión de mujeres “Casa del Buen Pastor” por su presunta complicidad en el abuso sexual. El cargo posteriormente fue retirado. El padrastro continúa encarcelado en la penitenciaría de Tacumbú.
El caso de la niña motivó que varias organizaciones a nivel mundial solicitaran que se interrumpa el embarazo, ya que se trataba del producto de un acto de violación y la niña, por no estar físicamente preparada, corría peligro. Una de las organizaciones que impulsaron la campaña con mayor fuerza fue Amnistía Internacional, logrando que varias personalidades de otros países se unieran al pedido.
Así también, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Paraguay a que se impusieran medidas cautelares para proteger la vida de la niña, debido a que el embarazo era de alto riesgo para su vida, por su corta edad. El texto de la mencionada instancia hablaba de que el proceso “podría vulnerar su derecho a la vida y a su integridad personal, física y psicológica”. No obstante, el Ministerio de Salud de Paraguay concluyó que la vida de la niña no corría peligro, y que debía dar a luz.
Mientras este embarazo llega a su fin, ayer saltó a conocimiento público otro caso bastante similar. Una niña de 12 años, de Abaí, estaría con cuatro meses de gestación como derivación de una violación de la que se acusa a su cuñado. El sábado se denunció el hecho en la comisaría, pero los policías no buscaron al supuesto autor porque no tenían orden de detención por escrito, aparentemente.
De acuerdo con los informes recibidos, los mismos familiares de la víctima habrían intentado ocultar el hecho con el objetivo de encubrir al presunto autor. Sin embargo, mediante una denuncia anónima, las autoridades policiales se enteraron del caso, por lo que los parientes de la niña no tuvieron más alternativa que denunciar al sospechoso, un hombre de 28 años.
Cuatrocientos veintiún niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual en Paraguay entre enero y junio de 2015, según los últimos datos brindados por instituciones del Estado. En 2014, un total de 684 niñas entre 10 y 14 años fueron víctimas de este delito. Otra cifra preocupante: unas 20.000 adolescentes de entre 15 y 19 años dieron a luz bebés vivos en el país.