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La citada coordinadora de profesionales, presida por la abogada Kattya González, pide declarar "contingencia ambiental" en todo el territorio nacional para la implementación de protocolos de tratamiento de los residuos generados en los distintos municipios de la República, tomándose todas las medidas necesarias de protección ambiental con motivo de los fenómenos climáticos que afectan al país.
Asimismo, declarar "alerta epidemiológica" por Dengue, Zika y Chikunguña, en todo el país, con el objetivo que las instituciones demandadas asuman la dirección de la epidemia, articulando con los municipios, gobernaciones, fiscalías, SEAM, SENEPA, Policía Nacional, Fuerzas Armadas de la Nación, Ministerio de Educación, etc., la implementación de las "acciones unificadas, afectando al personal de las distintas instituciones citadas, a las tareas de control, prevención, vigilancia y erradicación de los vectores de dichas dolencias.
También solicita ordenar la contratación de servicios de terceros, adquirir equipamientos y efectuar todos los gastos para hacer frente a la epidemia del Dengue y/o a la evaluación de situaciones de emergencia existentes o que pudieran producirse, en cada región o zona sanitaria.
En ese contexto, solicita la adopción de "acciones sanitarias técnico-administrativas extraordinarias" que coadyuven a frenar la expansión del Dengue y erradicar el vector y sus larvas. Igualmente, convocar un "comité de emergencia sanitaria nacional", con sedes regionales a fin de evaluar la situación en cada lugar.
El propósito del citado comité sería implementar las acciones sanitarias que en conjunto correspondan a las normativas y protocolos de la OMS-OPS a implementarse en el 2018, y que pudieran prevenir la actual situación o minimizar sus efectos dañinos a nuestro pueblo y el medio ambiente.
La coordinadora señala asimismo que la Acción de Amparo es promovida por la violación de los derechos constitucionales que versan sobre: la Calidad de vida (Art. 6º), a un Ambiente saludable (Art. 7º), a la Protección a la familia (Art. 49º), a la Salud (Art. 68º), al Sistema Nacional de la Salud (Art. 69º), al Régimen de Bienestar Social (Art. 70º).
Añade que ambas instituciones públicas demandadas son las encargadas de velar por la salud y seguridad de los habitantes de la República del Paraguay, por lo que amerita la "condena al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y al Poder Ejecutivo a realizar las acciones urgentes, adecuadas, preventivas, programadas y sostenidas en el tiempo, de acuerdo a las normas sanitarias internacionales de la OMS y OPS que resulten "razonables, eficaces y eficientes".