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Cartes brindó una inusual conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, junto a Roberto Moreno.
Al arrancar la rueda de prensa, el procurador explicó que la decisión de recuperar Acepar obedece a que la empresa se constituyó en un fracaso, luego de la venta al sector privado.
“Acepar está al borde de la quiebra, con máquinas obsoletas. Se dedica a vender chatarra y está muy lejos de ser la empresa modelo que tanto se pretendía”, manifestó.
Adelantó que las medidas legales para lograr el retorno de la empresa a manos del Estado arrancarán mañana mismo, en las primeras horas.
Al explicar la modalidad que se adoptará, explicó que se adoptará un proceso arbitral, en un intento de disolver el contrato de compraventa.
Se solicitará igualmente una medida cautelar para remover inmediatamente a todos los actuales administradores y poner a representantes del Gobierno.
Indicó que se cometieron “graves acciones” en Acepar, por lo que la recuperación de la empresa redundará en “el bienestar de todos los paraguayos”.
Al tomar la palabra, Cartes explicó que decidió iniciar las medidas legales para recuperar Acepar al considerar que “es nuestra obligación velar por este patrimonio”.
Señaló que la empresa, luego de la venta al sector privado, fue objeto de saqueos permanentes.
“Eso que se hizo con Acepar es con lo que estoy en contra. La venta de un bien del Estado. Vamos a acabar con un montón de medidas técnicas”, refirió para luego ceder la palabra nuevamente al procurador.
Roberto Moreno explicó que los responsables de la empresa no solo dejaron de lado las inversiones en las instalaciones, sino además violaron normativas, como las leyes laborales.
El Estado vendió Acepar al Consorcio Siderúrgico Paraguayo (Cosipar), en noviembre de 1997.
El nuevo propietario era un grupo empresarial integrado en un 66,66% por Cerro Lorito S.A. y en un 33,33% por Cootrapar, una cooperativa de trabajadores de la firma.
El precio de la transacción se fijó en 35 millones de dólares, que debían pagarse totalmente para el 2009. Sin embargo el proceso fue tortuoso y el pago nunca se terminó. Inclusive, se hicieron dudosos descuentos en el precio final.
Debido a estas irregularidades, el Estado ya había anunciado en el 2009, una demanda de rescisión de contrato, pero el proceso nunca inició debido a que no se instaló la comisión de arbitraje, que debía haber sido integrada por el entonces presidente de la Corte, Antonio Fretes, y los abogados José Moreno Ruffinelli, en representación de los accionistas, y Julio Jiménez, en representación del Estado.
En este segundo intento de conformar la comisión de arbitraje, Cartes y el procurador Roberto Moreno se mostraron confiados en que el Estado tiene los elementos necesarios para lograr la disolución del contrato de compra-venta.