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Eran alrededor de las 16:30 del pasado martes. Tanya Villalba, una joven diseñadora de calzados de 29 años, había salido de su lugar de trabajo y se dirigía rumbo a su domicilio, ubicado en la ciudad de San Lorenzo. Como hace todos los días, decidió circular por la avenida Mariscal López para llegar a destino.
En las inmediaciones del viaducto de Madame Lynch, Tanya se percata de la presencia de una patrulla de la Policía en cuyo interior se encontraban tres agentes, que le hacen señas para que se encostara. Como en ese momento se encontraba hablando por teléfono, asustada, decidió obedecer a los efectivos.
Al encostarse y mientras se acercaban los agentes, la joven notó que dos de los tres efectivos no llevaban puestos sus portanombres, mientras que el tercero si lo tenía puesto pero cargaba un teléfono celular que lo ocultaba. Llamativamente, los agentes se negaban a dar su identidad y eran de la comisaría 11 Metropolitana; es decir, estaban lejos de su jurisdicción.
La situación comenzó a generar muchas dudas en Tanya.
Uno de los agentes le señaló que estaba hablando por teléfono mientras conducía, algo que ella reconoció pero señalando que en todo caso debería ser la Patrulla Caminera la que tomara intervención en un caso como eso. Los agentes le dijeron que al pertenecer a la Policía, ellos también podían intervenir.
Tanya se disculpó y entregó uno tras otro los documentos que le habían solicitado. Primero fue la cédula verde de su automóvil, un Kia Picanto blanco, después la habilitación, su registro de conducir y su cédula de identidad.
“Usted está viniendo en actitud sospechosa”, le señaló uno de los agentes de la Policía luego de revisar todos los documentos. “¿Sospechosa de qué?”, replicó ella, a lo que los agentes insistieron simplemente en que su actitud era sospechosa.
Los policías le relatan en ese momento que un automóvil con características similares al suyo estaba siendo utilizado en la zona para cometer ilícitos, aunque nunca relataron qué tipo de hechos. Le preguntaron a la joven si llevaba algo en su auto y ella les dijo que sí, pues cargaba con cajas de zapatos que ella comercializa.
En ese momento le hicieron estacionar su vehículo a unas dos cuadras del lugar donde se encontraba originalmente, en una calle diagonal por la que el tránsito era escaso.
Una vez allí, le piden que se baje del automóvil, a lo que inicialmente ella se niega y exige una explicación del motivo. “Porque trae algo sospechoso”, le volvieron a insistir los efectivos. Tanya siguió negándose y llamó a su papá para contarle lo que estaba pasando y pedirle que llegara urgentemente al lugar.
Además, la joven llamó a una amiga que trabaja como periodista en un canal de televisión y al 911, donde una funcionaria le dijo que no se bajara, que llaveara su automóvil y radicara una denuncia debido a que el procedimiento era irregular.
Llegó a pedir auxilio, pero no había patrullera alguna cerca.
Tanya no podía mover su automóvil, debido a que los tres agentes habían rodeado su automóvil y seguían golpeando para que se bajara. En algún momento, la joven diseñadora salió del rodado y en ese momento los agentes comenzaron a realizar una verificación, llegando uno de ellos a subirse al habitáculo.
Mientras esperaba la llegada de su papá, la joven escuchó que uno de los agentes le indicaba a su compañera que le revisara la cartera; como allí tenía el dinero de la recaudación del día, la joven se asustó y se acercó para observar. En ese ínterin, observó que otro sacaba un paquete blanco y lo arrojaba en la parte posterior del vehículo, en ese mismo momento la que debía revisar su cartera se dirige hacia donde estaba el paquete y lo levanta diciendo: “Acá está lo que buscábamos”.
Tanya afirmó desconocer el paquete inmediatamente y enseguida comenzó a denunciar allí que eso había sido plantado. Los agentes pidieron refuerzos y al lugar llegaron al menos otras seis patrulleras, las mismas que no habían aparecido cuando ella pidió auxilio.
Con esa “evidencia”, los policías le pidieron dinero, entre G. 5 millones y G. 10 millones, para liberarla; sin embargo, ella había actuado rápidamente, llamó a sus padres y estos, a su vez, al 911. Se negaron a pagar la coima que exigían los policías y entonces fueron a parar a la comisaría 11ª Metropolitana.
“Esa es la injusticia que cometen contra los ciudadanos”, dijo Inocencio González, abogado de Tanya, en conversación con ABC Color.
La joven escuchó que uno de los agentes llamaba a alguien, quien parecía ser el jefe de la comisaría a la que pertenecían los efectivos, y le informó que ya no podrían negociar nada puesto que ya se había llamado hasta a la prensa y al 911.
Finalmente, fueron hasta la comisaría 11 y allí se labró el acta. Según declaró Tanya el miércoles ante la Fiscalía, el propio jefe de la dependencia le dijo que ya no podía haber arreglo porque ella hizo pública la situación.
La mujer debió pasar la noche en la comisaría y a la mañana siguiente fue al Ministerio Público ante el fiscal antidroga Isaac Ferreira para su declaración indagatoria, en la cual dijo que los agentes le plantaron la droga para pedirle dinero.
El fiscal señaló en contacto con ABC Cardinal que, tras tomarle la declaración a la joven, a los padres, vecinos de la zona y comparar con el parte policial, encontró varios “desajustes” que nada tenían que ver con la realidad, por lo cual decidió como primera medida liberar a la mujer. El fiscal no quiso decir que no cree la versión de los policías, pero puntualizó que el argumento en el parte policial para “altear” a la mujer no daba detalles precisos.
El parte, según el fiscal, señalaba que el vehículo en que se desplazaba la joven, un Kia Picanto blanco, “tenía todas las características de vehículos utilizados en la zona para cometer hechos punibles”, pero no ahondaba en qué hechos punibles ni cuáles eran las características. La prima de Tanya señala, sin embargo, en su relato que los policías llegaron a fraguar la orden judicial que les permitía revisar el vehículo pero que en la Fiscalía descubrieron que no era auténtica. Por el momento, los policías siguen en libertad.
Los tres agentes involucrados en el procedimiento desde todo punto de vista irregularo fueron identificados como Oficial primero Gustavo Narváez, suboficial segundo Arnaldo Lezcano y la suboficial ayudante Petrona Ovelar.
Los tres serán separados de sus cargos y serán puestos oficialmente a cargo de Asuntos Internos, unidad que ya tomó intervención por orden directa del Ministerio del Interior.
Los agentes de la Comisaria 11 tienen mala reputación en la zona de Villa Aurelia y Los Laureles. Entre los vecinos circulan historias de extorsiones, especialmente a personas que han cometido o una falta leve o que por su edad o circunstancias son vulnerables.
Uno de los casos ocurrió en abril de este año. Fueron víctimas tres jóvenes de alrededor de veinte años que se encontraban en la plaza La Paz. Según el relato de uno de los protagonistas llegó una patrullera con tres agentes que los acusaron de estar fumando marihuana.
“Nos subieron a la patrullera y nos insultaron. Nos amenazaron con que íbamos a pasar directo a Tacumbú. Nos llevaron a la comisaría y nos dijeron que podían salvarnos si les pagábamos cuatro millones de guaraníes. Como no teníamos nos llevaron al cajero automático de la estación de servicio cerca de la comisaría. Tuvimos que pedir un adelanto de dinero a través del cajero automático para pagar”, contó uno de los jóvenes.
Otro caso ocurrió con unos adolescentes, alumnos de un colegio de la jurisdicción de la comisaría 11. Los chicos fueron interceptados por una patrullera porque se encontraban tomando cerveza en la vereda. “Nos dijeron que íbamos a tener antecedentes de por vida y nos pidieron plata. No teníamos casi nada y juntamos lo que teníamos y nos obligaron a comprarles empanadas ahí cerquita de su comisaría”, relató uno de ellos.
Pero ese modus operandi no es exclusivo de la Comisaría 11. En la Comisaría 9, el sábado 1 de octubre ocurrió un caso similar según el relato de una de las víctimas. La misma contó que estaba en una camioneta con sus amigos cuando los agentes Arnaldo Ramírez y Rolando González los interceptaron y les dijeron que iban a ser detenidos por estar alcoholizados, lo cual era falso.
Los jóvenes fueron obligados a pagar cuatrocientos mil guaraníes para no ser detenidos, de acuerdo con la fuente de ABC Color. Posteriormente el subcomisario Presentado recibió la denuncia de la extorsión y el monto que las víctimas de la extorsión fueron obligados a pagar les fue devuelto.