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Entre las frases que quedaron en la memoria colectiva del ciudadano, destacó aquella que expresó Mario Abdo Benítez durante el debate presidencial del domingo último.
El candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR) dijo que no se puede meter “en la misma bolsa” y juzgar toda la gestión de los funcionarios públicos “por dos o tres planilleros”.
Irónicamente, Abdo parece haber olvidado que, a finales de diciembre del 2015, sus hermanos Maira Abdo Benítez y Luis López Benítez se salvaron de ir a prisión gracias a medidas alternativas que les fueron otorgadas por el juez Hugo Sosa Pasmor, en el marco de una causa en la que fueron imputados por “planillerismo” en la Justicia Electoral por cobrar de forma indebida entre 70 y 80 millones de guaraníes cada uno.
Pese a que el presidenciable finge demencia con respecto a un caso de funcionarios “fantasmas” que le toca tan de cerca, lo cierto es que el de sus hermanos tampoco es el único caso. El propio ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Alberto Ramírez Zambonini, fue imputado por el delito de inducción a un subordinado a cometer hecho punible y también fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión. La lista se extiende con un centenar se “planilleros” que fueron detectados e imputados, luego de que se implementara la Ley de Transparencia en nuestro país.
Como podrá darse cuenta, no son solo “dos o tres planilleros” como menciona el candidato presidencial de la ANR.
Actualmente, los hermanos de Mario Abdo fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, una salida procesal en la que, si el imputado cumple con las condiciones requeridas por el juez en el tiempo convenido, y si admite los hechos, luego obtiene el sobreseimiento definitivo. Como Maira Abdo y Luis López Benítez cumplieron con los requerimientos del juez, se encuentran totalmente libres.
Entre algunas de las condiciones que les puso el juez Sosa Pasmor a los hermanos del presidencial se encuentran devolver el dinero que cobraron indebidamente, por medio de montos mensuales depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
En el caso de Luis López Benítez, como reparación por el daño social causado, debió abonar G. 3.500.000 en una cuenta habilitada en el Banco Nacional de Fomento por el plazo de un año. Además, debe comparecer trimestralmente ante el Juzgado de Ejecución.
En lo que respecta a Maira Abdo, quien reconoció haber sido planillera del TSJE, el magistrado le impuso una serie de restricciones entre las que incluyó el pago de una multa mensual de 29.389.500 de guaraníes por el término de un año, suma que debió depositar en una cuenta habilitada en el Banco de Fomento a nombre del Tesoro Público.
La imputada, al igual que su hermano, fueron obligados a comparecer ante el Juzgado mensualmente a firmar un cuaderno de controles y le fue impuesta prohibición de salir del país, además de mantener su domicilio actual.
Para que los hermanos se salvarán de ir a prisión, su abogado Cristóbal Cáceres Fruts, tuvo que poner a disposición del juez una fianza personal de G. 400 millones (200 millones por cada imputado).
De acuerdo a la imputación fiscal, Maira Abdo percibió en concepto de sueldo, dieta y aguinaldos la suma de G. 82.303.000, además de subsidios y otros beneficios, como subsidio por salud (G. 2.400.000) bonificaciones (G. 16.460.600) totalizando la suma de G. 101.163.100, sin trabajar ni asistir a las oficinas del TSJE.
Por su parte, Luis María López Benítez, habría percibido en forma irregular G. 71.025.587 durante el año 2014, sin trabajar.
López Benítez ingresó en el 2010 como contratado, con un sueldo de G. 1.400.000. En el 2014, fue nombrado como técnico, y con un salario de G. 4.158.700. Según los datos, cumplía funciones de asesor electoral en la oficina de Carlos María Ljubetic.
En la investigación fiscal se descubrió que Maira marcaba asistencia en el TSJE mientras estaba de viaje en el exterior, en diversas ocasiones.
La hermana de Marito Abdo fue contratada en la Justicia Electoral en el 2005, con un sueldo de G. 3.000.000. En el 2012, fue nombrada como asesora con un salario de G. 6.331.000, y en el 2014, la vicepresidenta del TSJE, María Elena Wapenka, quien por entonces ejerció la presidencia, creó el Departamento de Bienes Raíces, designando como jefa a Maira.
Increíblemente, aunque acababa de ser nombrada en un alto cargo, la denuncia refiere que Maira nunca acudió a cumplir funciones, sino que se dedicaba a actividades comerciales privadas fuera del país. Fuentes de la Justicia Electoral llegaron a afirmar incluso que “no la conocen” y no habría asistido a cumplir funciones, como mínimo, por tres años.
En su momento, a finales de 2015, cuando Mario Abdo ya era presidente del Congreso, había respondido a la prensa que “no sabía” que sus hermanos eran planilleros. En ese entonces “lamentó” la imputación, y afirmó que no interferiría en la investigación fiscal.
Al consultársele si sabía que sus hermanos no asistían a trabajar, dijo: “¿Cómo yo voy a saber? Son personas grandes, yo no conozco su trato diario con la institución ni su régimen de trabajo con la institución”.
Para escudarse, en ese momento había aclarado que sus hermanos ingresaron al TSJE durante el gobierno de Fernando Lugo y mucho antes de que él se candidatara al Senado.