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La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), actualmente presidida por la intendente de Ybycuí, María del Carmen Benítez (colorada cartista), cobra anualmente a cada contribuyente de las diferentes municipalidades de nuestro país G. 10.000 por la expedición, renovación o anulación de las licencias de conducir. A pesar de que el pago figura en los recibos expedidos por las comunas no existe rendición sobre los recursos obtenidos.
La Opaci bajo el argumento de ser una Organización No Gubernamental (ONG) privada tampoco permite la verificación de la Contraloría General de la República (CGR). Aunque, en el año 2016, luego de publicaciones de nuestro diario sobre el manejo discrecional de casi G. 42.000 millones por parte de la “entidad sin fines de lucro”, la CGR anunció una auditoria especial.
Lo curioso es que pasaron casi seis años y no existe aún un informe final del ente contralor sobre los hallazgos durante la verificación del ejercicio fiscal del 2015.
Precisamente, este periodo corresponde a la presidencia de Ricardo Núñez Giménez (colorado abdista), hermano del también expresidente de la Opaci y actual diputado Basilio “Bachi” Núñez.
El “Clan Núñez” estuvo al frente de la ONG durante el periodo 2006-2016 y mediante una modificación del estatuto de la Opaci pretendían seguir al mando. Sin embargo, tras una serie de denuncias sobre graves irregularidades en la entidad, Ricardo se dio obligado a renunciar como presidente, aunque sigue actualmente como miembro.
Bienes raíces
La ONG también maneja millones de recursos que pertenecen a las municipalidades en concepto de transferencias de bienes y operaciones de crédito (hipotecas). Valiéndose de un convenio con el Colegio de Escribanos del Paraguay cobra los impuestos correspondientes a las comunas e incluso exige un porcentaje por el “servicio” de intermediación.
Sin embargo, el acuerdo está completamente desfazado atendiendo las facilidades tecnológicas y medios de pago en la actualidad.
Denuncias
La actual titular de la Opaci, la intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez, tampoco está exenta de las denuncias sobre el manejo discrecional de los fondos de la ONG y su uso como botín político.
La jefa comunal fue denunciada en el Ministerio Público por ciudadanos de Ybycuí debido a transferencias millonarias a comisiones vecinales para la realización de obras. Coincidentemente, los organismos vecinales tenían como miembros a funcionarios de la Opaci, según denuncias.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Juan Ledesma. Benítez actualmente busca la reelección.
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