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“Es un avance. Era lo que Salud Pública estaba esperando”, señaló por su parte el viceministro de Salud, doctor Julio Borba.
Entre las cláusulas requeridas por las productoras de las vacunas y que eran cuestionados por los legisladores, se encuentra en primera instancia la confidencialidad del contrato y que en caso de que se produzcan efectos colaterales, las farmacéuticas quedan eximidas de la responsabilidad.
El ministro de Salud dijo que estas exigencias se producen debido a que las vacunas se encuentran en fase experimental y que su uso todavía es de emergencia. “Estas vacunas no han completado el proceso para recibir el registro sanitario convencional sino que tienen un permiso de uso extraordinario; entonces, buscan (las productoras) no hacerse cargo de las indemnizaciones. La confidencialidad apunta a proteger los resultados de los ensayos, la negociación de los precios y también el secreto sobre la fórmula”, refirió.
Lamentó además que todavía no se pueda acceder a las dosis negociadas a través del mecanismo Covax Facility, por el cual ya desembolsó 6,8 millones de dólares para inmunizar a la población vulnerable.
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