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González, actual presidenta del Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad de la Cámara de Diputados, afirmó que el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial en la desactivación de la corrupción y la impunidad es neurálgico.
La diputada recordó el Informe Anual de Transparencia Internacional que posiciona al Paraguay como uno de los países más corruptos en el mundo durante el 2019. Actualmente ocupa el puesto 137 de 180 países.
Indicó que un gobierno corrupto y un país que tiene estos índices tan elevados de corrupción e impunidad no permite que se puedan desplegar los derechos humanos fundamentales.
Destacó la lucha inclaudicable de un grupo de diputados opositores que denunció uno de los mayores casos de corrupción en la compra de insumos chinos en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19. González dijo que será muy difícil avanzar si la Fiscalía y el Poder Judicial no comprenden su rol.
Sistemática
La diputada Vallejo lamentó que en el Paraguay la corrupción sea antigua, sistemática y transversal ante la mirada cómplice de todas las instituciones del Estado.
Mencionó que un claro ejemplo se da con la Essap porque muchos ciudadanos siguen sin tener agua potable y energía eléctrica. “Son décadas de corrupción de la mala utilización del dinero público que debió ser invertido en todo aquello que debió ser necesario para garantizar lo básico”, dijo.
Afirmó que la impunidad es parte de la corrupción y que una Fiscalía y un Poder Judicial deberían establecer protocolos claros y precisos en casos de corrupción. “No puede prescribir una causa estando 10 años en la Corte en un caso que yo acuse y nunca se hizo la audiencia preliminar”, dijo en alusión al caso del exfiscal Juan Claudio Gaona, quien fue acusado de cobrar G. 90 millones para no imputar a un empresario. En este caso también estuvo procesado el excanciller Rubén Melgarejo Lanzoni.
Recordó que una causa que ella cuando era fiscal acusó recién llegó este año a juicio oral y público. Se refirió en alusión al caso Camilo Soares “coquitos de oro de la SEN”. Indicó que la Corte debe definir los procedimientos para acabar con la impunidad.
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