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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitó que el dinero sea ejecutado aplicando la normativa del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), Ley Nº 3637, cuestionada porque la misma permite transferencias directas a organizaciones que se encargan de subcontratar a las empresas constructoras para levantar las obras, sin que exista ningún mecanismo de competencia entre firmas ni control ciudadano.
ABC divulgó casos de injerencia política en las adjudicaciones directas, con casos en que los Servicios de Asistencia Técnica (SAT) eligen a compañías cuyos directivos están vinculados entre sí e incluso se evidenció injerencia política cuando el entonces ministro de Urbanismo Dany Durand reconoció que favorecía a su amigo y exdiputado Enrique Pereira Thalmann, cuya hija trabaja en un SAT y eligió a la constructora familiar.
Con salida de Durand, ¿terminó problema?
Ante el pleno, la diputada Del Pilar Medina se refirió a estas críticas y la falta de transparencia en los procesos del programa y opinó que esta situación ya fue subsanada con la salida de Durand, cuyo responsable actualmente es Carlos Pereira.
Sin embargo, el diputado Basilio Núñez solicitó al pleno que se ratifique en la propuesta enviada al Senado, consistente en la aprobación de los recursos, pero que para su ejecución sea sometida a la normativa de Contrataciones Públicas, Ley Nº 2051, argumentando la falta de información relacionada a las firmas que se encargan de levantar las casas.
Además, recordó que en la Cámara Alta sigue pendiente el tratamiento del proyecto de ley, con media sanción en Diputados, de modificación de la ley del Fonavis y someterla a la DNCP.
Consultado si se mantendría el mismo mecanismo de transferencias directas vía rubro 800, el ministro de Urbanismo respondió que con su equipo se encuentra abocado en ultimar detalles de una reforma que apunte a incorporar en todos los procesos “criterios de transparencia, elegibilidad, participación, competencia y demás elementos que permitirán cumplir con los fines propuestos, pero con un control permanente”.
Consultado referente a cómo se estarían aplicando los mismos, mencionó que serían en aspectos vinculados a los procesos e incorporando mecanismos de estricto control como la fiscalización y supervisión de la construcción de las obras. Evitó adelantar más detalles, alegando que aún trabaja con los funcionarios de asesoría jurídica al respecto.
Califican como una “aprobación incoherente”
El diputado Sebastián García cuestionó la incoherencia de sus colegas, pues hasta hace unas semanas, la mayoría coincidió en que urge control en la implementación de los recursos del Fonavis e incluso se coincidió en la necesidad de interpelar a Durand, entonces ministro. La decisión se había tomado luego de que se filtraran mensajes de Durand en los que instaba a representantes de organizaciones sociales a escrachar a los legisladores que impulsan la modificación de la ley del Fonavis.
Durand reconoció la autoría de los mensajes al realizar un pedido de disculpa de manera pública y luego renunció al cargo para no representar el “obstáculo” para la aprobación de más endeudamiento para la construcción de viviendas, dijo.
Conforme al plan anunciado, con los US$ 47 millones se construirían más de 7.000 viviendas. Las casas tienen precio único, de hasta G. 77 millones.
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