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El titular de la cartera fiscal dio ayer algunos detalles preliminares de cómo fue aumentando el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 en las diversas instancias de estudio del Congreso, primero en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Legislativo, luego en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores (ver cuadro).
Los datos expuestos dan cuenta de que el proyecto presentado por el Ejecutivo asciende a G. 85,7 billones (US$ 12.098 millones), luego de pasar por la bicameral (que incorpora créditos y saldo de la ley de emergencia que habían solicitado Hacienda y Diputados el monto subió a G. 92 billones (US$ 12.976 millones), para terminar posteriormente en el Senado en más de G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones).
Los gastos rígidos, según dijo el ministro, fueron incrementados en G. 20.000 millones en Diputados y en Senadores le sumaron otros G. 30.000 millones con las modificaciones efectuadas en los servicios personales (salarios, bonificaciones, gratificaciones y otros).
Llamosas reiteró que el presupuesto aprobado por el Senado el miércoles 25, a pesar de que incrementa los gastos corrientes y rígidos, es administrable a través de las herramientas legales que dispone la cartera: como el decreto reglamentario, el plan financiero y el plan de caja.
Adelantó que aplicarán un estricto plan financiero sobre la base del presupuesto plantado inicialmente por el Ejecutivo y que en las modificaciones de los servicios personales se tomarán las medidas para aminorar su impacto.
No pagarán
En ese contexto, aseguró que en el caso de los denominados aumentos “mau” se mantiene la posición de no pagarlos, tal como se viene haciendo en los últimos dos años. “La única forma de que los funcionarios puedan acceder a mejores salarios es a través de un concurso públicos y si la persona no hace eso, nosotros no vamos a autorizar el sistema y, por ende, no va a poder percibir ese salario”, afirmó cuando se le insistió sobre el tema.
El Senado incluyó en el presupuesto el mencionado incremento, que fue otorgado en 2018 para operadores políticos y amigos de los políticos, sin que exista ningún pedido del Ejecutivo, por lo que se decidió entonces no abonar la diferencia para funcionarios de Senepa, Dinapi, STP, SFP, Secretaría de Repatriados y otros.
En cuanto al aumento previsto para funcionarios del Congreso y del Senado, analizarán el margen que permite la ley para aplicar medidas para un menor impacto, porque los legisladores a la par de incluir el incremento también establecieron un artículo que los excluye de lo que dispone la ley de Función pública, en materia de concursos.
Llamosas también mencionó que entre la versión de Diputados y Senadores, se quedan con la primera porque el aumento del gasto es menor.
Dijo que desde la próxima semana harán lobby en la Cámara Baja para que se ratifique en su versión, aunque son conscientes de que la Cámara Alta es la que define la ley de presupuesto.
El proyecto de ley volvió a consideración de Diputados, que tiene diez días de plazo para expedirse sobre las modificaciones aprobadas por el Senado; si acepta esta versión quedará sancionada la ley y pasará al Ejecutivo para su promulgación, pero si se ratifica en su versión inicial, de nuevo pasará a Senadores para su definición.
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