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Cinco horas duró el tratamiento del proyecto de ley “Que establece medidas de impulso a la inversión destinadas a la agricultura familiar campesina”, con el que se autoriza al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) el uso de un fondo de US$ 25 millones de bonos del Tesoro, para programas de asistencia a pequeños productores de la agricultura familiar campesina.
Luego del extendido debate, el proyecto de ley fue aprobado, en general, por unanimidad; pero, en el estudio en particular, tuvo opiniones contrapuestas.
Fueron presentadas tres mociones durante los debates, una, para la aprobación de la versión de los Senadores, que consideraba el total de US$ 57 millones, con US$ 32 millones para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y US$ 25 millones redireccionados hacia el MAG.
Salym Buzarquis propuso aprobar para el MAG US$ 25 millones, así como vino del Senado, pero excluyendo los US$ 32 millones para el MOPC; y la tercera propuesta, de Tadeo Rojas, fue otorgar los US$ 25 millones al MAG, pero suprimiendo las transferencias directas a las organizaciones y reasignar ese rubro a compra de insumos, equipos, herramientas, alimentos, combustibles, etc.
En la votación se produjo un empate, que fue confirmado en forma nominal, pero finalmente desempató el presidente de Diputados, Pedro Alliana, a favor de la propuesta de Rojas. El texto vuelve al Senado para su consideración.
Al culminar la sesión, el diputado Rojas explicó que la modificación del proyecto no solo consistió en el desdoblamiento del proyecto, sino que también se suprimió la transferencia directa a los productores campesinos.
Detalló que los G. 115.276 millones (del rubro 800), que en principio iban a ser destinados para la transferencia directa a productores, a través de organizaciones campesinas, fue reasignada para otros destinos como compra de insumos e implementos agrícolas, kit de alimentos, productos farmacéuticos de uso veterinario, compra de animales, construcción de pozos artesianos con sistemas de riego, adquisición de maquinarias y elementos menores, compra de tierras y otros. Además, dijo, que se amplió el rubro de combustibles y lubricantes para que los extensionistas del MAG tengan presencia real en el campo, para la asistencia a la agricultura familiar campesina.
Igualmente, se dispuso una transferencia de US$ 1.000.000 para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), para una presencia más activa en el campo.
Por último, en su artículo 10, se autorizó al MAG a la compra directa de todos estos insumos e implementos agrícolas, obviando el procedimiento normal de compras a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Finalmente, se deja un monto de US$ 1,5 millones para que el MAG haga transferencias directas a organizaciones campesinas.
El proyecto de ley tratado ayer en Diputados es solo uno de los 10 puntos exigidos por la Coordinadora Nacional Intersectorial y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), que incluyen temas como deudas, créditos, tierras, tierras mal habidas, construcción de viviendas populares, etc.
Transferencias desde 2016
Los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería indican que los doce grupos que componen la CNI recibieron cerca de G. 34.655 millones, en concepto de transferencias de dinero a organizaciones campesinas. Así, en 2016 se les entregaron G. 4.931 millones; en el 2017 G. 20.985 millones; en el 2019 G. 7.608 millones y en el presente año G. 1.129 millones.
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