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“Tenemos abierta desde abril una investigación”, manifestó Seitz.
Indicó que junto a la Contraloría General de la República tienen coordinada una mecánica en la que el ente contralor finaliza las auditorías y que luego Contrataciones Públicas agrega esa información al proceso de investigación que se realiza en la institución.
Nueve diputados de la oposición denunciaron la semana pasada ante la Fiscalía al Ministerio de Salud por una sobrefacturación y otras irregularidades en la compra de respiradores pulmonares para enfrentar la pandemia.
La denuncia está fundamentada en un reporte de la CGR que cita varias irregularidades en el proceso de compra realizado por el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Julio Mazzoleni, para la adquisición de respiradores pulmonares. La contratación, vía excepción, benefició el 16 de abril a la empresa Dysa Healthcare SA, representada por Rosalina Villalba de Paredes e Iván Maciel, con un contrato de nada menos que G. 8.115.800.000.
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