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La Asociación de Restaurantes del Paraguay (ARPY) expresó su preocupación por el impacto que podría tener un retroceso de fase de la cuarentena “inteligente”, anunciado por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.
Esa organización emitió un comunicado dirigido al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el que expresa su desacuerdo con las medidas a ser tomadas en forma general, “cuando el foco del problema creemos es específico”.
“Nuestros locales realizan su labor en estricto cumplimiento de todas las medidas requeridas y no es ahí donde los mismos (los contagios) son generados. Creemos que medidas de carácter general no contribuirán a disminuir el contagio y sí generarán más perjuicio económico del ya asumido hasta ahora por nuestro rubro, el cual es formal y consciente de la situación”, afirmó.
A su vez, la Cámara Paraguaya de Centros Comerciales coincidió en que los gremios son conscientes de los avances en la curva de contagios, sin embargo, dice que “es claro que los contagios no se producen dentro de los comercios formales que respetan el 100% de las recomendaciones de Salud Pública”. “En los Centros Comerciales agremiados hemos cumplido a cabalidad con las normas de seguridad sanitaria, cuidando así de la salud de nuestros colaboradores, clientes y sus familiares con gran éxito. No nos parece justo la cuasi inexistencia de controles en los negocios informales y los eventos sociales en detrimento de la actividad de la gente, el ocio al aire libre y el comercio que cumplen con todos los cuidados recomendados y que han demostrado ser altamente seguros”, resaltó el gremio a través de un comunicado emitido anoche.
La Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos (Aseppe) también se pronunció contra la medida anticipada por el Ministerio de Salud. Una parte indica que el Gobierno Nacional ha violentado el Estado de Derecho, generando privilegios y discriminación, y aplicando un criterio de justicia selectiva de acuerdo al peso político o económico del infractor de la ley, configurándose en una falta total de respeto a la ciudadanía.
“Quieren matar de hambre a la gente, esa es la verdad. No hay créditos en BNF para reestructuración. Nosotros no trabajamos –desde– hace seis meses, estamos encerrados muriendo de hambre. El responsable del Gobierno no atiende mis llamadas por kits de alimentos para mozos, y deberíamos ser prioridad porque no trabajamos. Ya no es solo quiebra nomás de empresas”, lamentó Cáceres.
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