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El fiscal Osmar Legal imputó a Justo Ferreira, su hija Patricia, el despachante de Aduanas Carlos Gamarra, la agente de Transporte Lauri Pohl, el administrador de Aduanas Guillermo Molinas, y los señores Gustavo Acosta y Mario Olmedo por contrabando, aunque cuenta con los elementos para hacerlo también por tentativa de estafa, perjuicio al Estado y falsificación de marcas, por haberse encontrado evidencias claras de que se alteraron las características originales de las mascarillas.
Legal lleva adelante la causa abierta con base a las denuncias presentadas por diputados de la oposición y por el Ministerio de Salud Pública por el caso de los equipos de bioseguridad que debían proveer las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA al Ministerio de Salud Pública para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
La denuncia presentada por Salud Pública, con base en el informe de la Comisión Especial de Supervisión de Compras-Covid-19, apuntaba precisamente a la tentativa de estafa, perjuicio al Estado y falsificación.
La CESC detectó alevosas alteraciones realizadas a las características consignadas en los envoltorios y cajas de las mascarillas entre su depósito en el Aeropuerto Silvio Pettirossi y su verificación en el Parque Sanitario del MSP.
Igualmente, con este proceder el Ministerio Público está dejando fuera de la investigación penal a la firma Eurotec, en donde aparece como principal representante el señor Marcelo Ferreira, hijo de Justo Ferreira, ya que la imputación por contrabando involucra hechos solamente atribuibles a la firma Imedic SA.
La CESC, constató que, según los registros de la Dirección de Aduanas, las mascarillas KN95 llegaron de origen en tres cajas, consignando distintos fabricantes y sin marca, no obstante, fueron entregadas al Parque Sanitario del Ministerio de Salud, en una caja similar, pero con una marca diferente a la que tenían cuando ingresaron al país.
Lapidario informe de CGR
El informe de la Contraloría General de la República aporta información suficiente como para procesar por falsificación de marca, tentativa de estafa y posible perjuicio al Estado a los responsables de Imedic y Eurotec.
Según la Contraloría, “en el acta de apertura de sobres no se menciona que los oferentes participantes hayan presentado las muestras requeridas en el PBC”.
El informe de evaluación de ofertas no contiene ni la autorización del fabricante ni el certificado de registro sanitario expedido por Dinavisa para los equipos.
“Se concluye que los citados procedimientos (de control) son pasibles de una gran vulnerabilidad considerando el control deficiente e inefectivo para el otorgamiento de permisos y licencias, al no hacer un control real”, señala parte del informe de la Contraloría General de la República, a cargo de Camilo Benítez, al que tuvo acceso ABC Color en su momento.
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