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Informes a los que accedió ABC del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y el Hábitat (MUVH), cuyo titular es Dany Durand, dan indicios de aparentes sobrefacturaciones en la construcción de viviendas hechas con el Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), Ley N° 3.637. Al menos al comparar con proyectos desarrollados durante la administración anterior, de Soledad Núñez.
Conforme al comparativo de los precios de cada ítem, se constató que actualmente cuestan G. 7 millones más caro cada vivienda (ver comparativo). Este incremento se da en menos de dos años, sin reportarse un repunte importante de la inflación.
La diferencia por cada unidad podría parecer insignificante. Pero teniendo en cuenta que el Gobierno planifica construir para este año 6.000 viviendas con el programa Fonavis, con un presupuesto total de 70 millones dólares. Para financiar parte del proyecto, se usarán los 40 millones de dólares que el Gobierno transferirá a la cartera como parte del plan de reactivación económica, con el que se prevé construir poco más de 3.400 viviendas, con un precio unitario promedio de 11.667 dólares (G. 81.669.000).
Conforme a fuentes consultadas, el precio varía según la ubicación de la vivienda (urbana o rural), con un tope de 75 unidades de salario mínimo. De esta manera, resulta que con los precios de la administración actual, costarían unos G. 25.000 millones más caro, que si se llevara adelante con las tarifas anteriores.
Se intentó conversar con el titular de la cartera pero no contestó los mensajes para que pueda explicar el incremento de los precios en tan poco tiempo.
Según se pudo constatar en las planillas, hay ítems más caros y en el total, resultan en el precio mayor, que no significan mayor calidad, sino al contrario.
Según se observa, se cambió el tipo de piso, anteriormente era de cerámica esmaltada y ahora se específica de cerámica tipo layota nacional, que conforme a fuentes consultadas, es de menor calidad. “Se da una situación muy compleja con los pisos porque si bien hay que apoyar lo nacional y se trata de viviendas sociales, no significa que las casas deban ser construidas con productos de menor calidad, hay diversos mecanismos para proteger el empleo”, explicó una de nuestras fuentes consultadas.
Uso de fondos no transparente
Dany Durand sigue sin divulgar el listado de las organizaciones de “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)” que gestionan los fondos sociales ni las constructoras contratadas por las mismas. No hay un sitio web donde el ciudadano pueda verificar detalles de las obras, costos, evolución de las mismas, pues no se rigen a través de la ley de Contrataciones. Los US$ 40 millones para la reactivación económica los ejecutará sin transparencia que exige la ley sanitaria, pese a que al menos puede usar el portal de la DNCP.