Venezuela denunció el 10 de septiembre del año pasado a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), que da base jurídica a la Comisión Interamericana (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mecanismos a los que el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013), acusó de estar manipulados por Estados Unidos.
La denuncia fue el paso previo necesario para abandonar la CIDH, con sede en Washington, debido a que este es el texto legal que le concede la autoridad a los otros organismos para proteger los derechos humanos en toda América y del que solo Trinidad y Tobago había hecho uso, en 1998.
Venezuela contaba con un año para dar marcha atrás desde el momento de la denuncia, pero el Ejecutivo ahora encabezado por Nicolás Maduro no cambió de parecer, a pesar de las protestas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de la oposición.
“Es un hecho muy grave que afecta la jerarquía de los derechos de todas las personas que están en el territorio venezolano porque, de alguna manera, el Estado dice: yo no voy a cumplir (...) con esas obligaciones”, comentó a Efe el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa.
Para Correa, la decisión de abandonar el organismo lo que hace es “reducir las garantías” de que el Estado venezolano “efectivamente responda y respete los derechos” que tienen sus ciudadanos.
El descontento del Gobierno venezolano con la CIDH, a la que ha acusado reiteradamente de usar criterios políticos para tomar sus decisiones sobre el país, viene de lejos.
El 12 de abril de 2002, día en que el fallecido presidente Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado que lo sacó de la presidencia por 48 horas, un grupo de personas se dirigió a la Comisión para pedirle que se resguardaran los derechos del depuesto presidente mientras lo tuvieran en prisión.
“Y la Comisión lo que hace es responderle al excelentísimo Gobierno de (Pedro) Carmona”, dijo Chávez el año pasado al anunciar el abandono de Venezuela de la CIDH, mientras rememoraba la respuesta que dio el órgano legitimando al autoproclamado presidente, jefe del gremio patronal Fedecámaras en aquel momento.
Para el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Saúl Ortega, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la de denunciar la Convención fue “una decisión del presidente Chávez en buena hora”.
Durante el ‘golpe’ “hubo víctimas, muertos en Venezuela y esa comisión se pronunció a favor de los golpistas. ¿Qué sentido tiene ser miembro de una comisión que está apoyando la violación de los derechos humanos en Venezuela y en el continente?”, manifestó a Efe Ortega.
Afirmó que un país que “se respete lo menos que puede hacer es un retiro digno” de esta instancia y aseguró que desde el Gobierno se apuesta por que “de verdad exista” un sistema de derechos humanos “digno” a través de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
“Es una decisión de no querer tener control internacional de ningún tipo (...) y dejar de participar en los organismos internacionales”, dijo a Efe por su parte el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño.
De la misma forma opina Correa, que “cree” que el Gobierno tiene “más que miedo” a los tratados internacionales.
“Su contenido y alcance son incompatibles con algunas de las cosas que se están haciendo dentro del país”, dijo.
A favor o en contra, de acuerdo o no, a partir del 11 de septiembre Venezuela quedará fuera de la jurisdicción de la CIDH, un organismo del que, curiosamente, su primer presidente fue el político y literato venezolano Rómulo Gallegos, de 1960 a 1963.