Según el informe, existía la posibilidad de que la lucha en pro de la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985, sufriera un retroceso.
La razón, según AI, fue una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en febrero de 2013, que revocó dos artículos de una ley adoptada en 2011 que establecía que los crímenes cometidos durante el periodo del régimen cívico-militar, entre 1973 y 1985, eran crímenes de lesa humanidad, con carácter imprescriptible.
Según AI, la Corte concluyó que no se habían cometido crímenes de lesa humanidad durante dicho periodo porque la legislación nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006 y, por lo tanto, estaban sujetos a prescripción.
Amnistía resalta también que en diciembre seis detenidos del centro de detención en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, fueron reubicados en Uruguay.
Esta ONG también mostró en su informe su preocupación por los requisitos obligatorios establecidos -periodo de reflexión y presentación de una demanda judicial en caso de violación- por la ley de 2012 que despenalizaba el aborto que, a su juicio, suponen un obstáculo potencial para acceder a un aborto legal.