Rubrican el texto, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, la canciller de ese país, Susana Malcorra; y sus pares de Brasil, José Serra; Paraguay Eladio Loizaga; México, Claudia Ruiz Massieu; Perú, Ricardo Luna; y Chile, Heraldo Muñoz.
“Los cancilleres abajo firmantes expresan su preocupación por la decisión del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, fechada el 21 de septiembre, que entre otros aspectos, implica un método determinado para la recolección del 20 por ciento del padrón”, señala el texto.
“Y que tiene el efecto de postergar la realización del referendo revocatorio hasta el 2017, afectando así el sentido de la consulta”, concreta.
Los ministros reiteran su “apoyo y su disposición” de contribuir para la realización de “ un diálogo entre el Gobierno y los distintos actores políticos y sociales venezolanos ”, que permita, a través del “entendimiento mutuo”, promover la “estabilidad política, la recuperación económica y el pleno respeto a los derechos humanos”.
El pasado 21 de septiembre, el Poder Electoral venezolano dio a conocer las fechas y las condiciones en las que se llevará a cabo la recolección de ese 20% de apoyos del censo electoral para realizar el revocatorio presidencial y señaló que el referendo “ pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017 ” .
Entre las condiciones anunciadas, el CNE señaló que la recogida de apoyos deberá darse en cada estado del país caribeño, lo que obliga a los opositores a lograr ese porcentaje de respaldo en cada una de las 24 entidades de venezolanas, algo que contraría lo que la oposición demandaba sobre la cantidad de máquinas y las condiciones de la recolección de apoyos.
Además, el CNE dispone de un mes a partir de las fechas anunciadas de recolección -finales de octubre- para verificar si la recogida del 20% de apoyos se realizó correctamente y el referendo debe ser convocado en los 90 días siguientes a esta verificación por lo que, si se extienden los tiempos al máximo, la consulta pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017.
La fecha límite para ponerle fin al mandato de Maduro con un revocatorio y que eso signifique la celebración de nuevas elecciones presidenciales es el 10 de enero de 2017.
De celebrarse después de esa fecha y salir adelante, el revocatorio supondría el cese de Maduro pero su sustitución por su vicepresidente hasta la celebración de nuevas elecciones presidenciales en 2019, cuando finaliza el mandato de seis años para el que fue elegido el actual presidente.
La oposición venezolana ha sostenido que la normativa puede cumplirse y aún así realizarse el referendo este año.