“Tenemos que abordar el tema con bastante urgencia. Nosotros querríamos tener una reunión con ambas partes a la vez”, indicó Almagro en una entrevista en CNN en español.
“La misión (de la OEA) se reunió con las autoridades dominicanas y haitianas por separado. Tenemos que juntar a ambas partes, confrontar las ideas y encaminar un programa para solucionar esto”, apuntó el secretario general.
La OEA efectuó una visita a Haití y la República Dominicana entre los días 10 y 14 de julio, a invitación de ambos países, para “tender puentes” y recabar información con la que elaborar un informe detallado sobre la situación.
La delegación de la OEA estuvo encabezada por Francisco Guerrero, al que acompañó Gabriel Bidegain, asesor del secretario general.
La misión, anunciada por Almagro en un Consejo Permanente del organismo hace dos semanas, comenzó el pasado viernes en Santo Domingo y terminó este martes en Puerto Príncipe.
De esa visita se está elaborando un informe que Almagro aseguró que se presentará “la semana que viene”.
“Se ha avanzado mucho, pero tenemos que lograr una solución definitiva a este problema. Ello implica que ambas partes acuerden variables fundamentales para atender el tema de migración. Esta es una isla pequeña con dos países, con realidades sociales, económicas y políticas muy diferentes”, apuntó.
Las históricamente tensas relaciones entre los dos países de la isla La Española se han acentuado desde que el 17 de junio pasado el Gobierno dominicano puso punto final a su plan para regularizar a extranjeros indocumentados, la mayoría de ellos haitianos.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros surgió como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Esa disposición estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros “en tránsito” en la nación.
Esta decisión afectó principalmente a miles de haitianos indocumentados residentes desde hace años en territorio dominicano y a sus descendientes nacidos en el país.
Haití y entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a República Dominicana de convertir en apátridas a miles de haitianos con el nuevo plan migratorio.
El Gobierno dominicano ha rechazado esas acusaciones y ha señalado que Haití no otorgó los documentos de identidad a miles de sus ciudadanos cuando tuvo toda la oportunidad de hacerlo.
Según la información oficial, un total de 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.