En una sesión extraordinaria para tratar de la situación en Paraguay, que duró una hora y de la que no surgió una resolución, los representantes del Consejo Permanente recibieron varios informes de la Secretaría General sobre los acontecimientos que han llevado al juicio político contra Lugo en el Senado y expusieron sus puntos de vista.
Al abrir la sesión, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dejó claro que la Constitución de Paraguay prevé la posibilidad de enjuiciar políticamente a los presidentes y que eso debe ser respetado.
No obstante, precisó que “la cuestión es si se le están dando (a Lugo) las condiciones mínimas para celebrar una legítima defensa ante la celeridad del proceso”.
Insulza, quien señaló que había conversado con el propio Lugo y el canciller paraguayo, Jorge Lara, durante las últimas horas, afirmó que el proceso está siendo “un tanto apresurado” y se mostró sorprendido de que se vaya a dictar “sentencia con tanta celeridad; en otras ocasiones se han dado plazos breves, pero no tan breves”.
El juicio a Lugo por mal desempeño de sus funciones fue aprobado ayer, con un solo voto en contra, por la Cámara de Diputados y luego ratificado en el Senado, que actúa como tribunal, según el procedimiento establecido en la Constitución.
Hoy, los diputados que hacen de fiscales y Lugo o sus abogados deben presentar sus alegatos y después, los senadores que conforman el tribunal paraguayo emitirán su sentencia inapelable a las 16:30 hora local (20:30 GMT) .
Los representantes de México, Brasil, Estados Unidos y Canadá expresaron en la sesión su “preocupación” por los recientes acontecimientos y mostraron su apoyo al orden institucional de Paraguay.
“Reafirmamos nuestro pleno apoyo al orden institucional (...) Es una situación de preocupación para nuestro continente, México desea que sea solucionado en un marco de concordia”, indicó en su intervención el embajador mexicano ante la OEA, Joel Antonio Hernández.
Por su parte, la embajadora de EE.UU. ante el organismo hemisférico, Carmen Lomellin, destacó la importancia de que “la transparencia sea escrupulosamente respetada” durante el enjuiciamiento que tiene lugar hoy.
A Lugo se le acusa de ser responsable, por mal desempeño, del reciente enfrentamiento que costó la vida a seis policías y 11 campesinos durante un desalojo de “sin tierras” en una hacienda del nordeste del país.
Más contundentes se mostraron los representantes de Nicaragua, Bolivia y Venezuela ante la OEA, quienes denominaron el juicio político como un “golpe encubierto” contra el gobierno de Lugo.
“Estamos a las puertas de ver un golpe de Estado encubierto a través de otra modalidad, un golpe de Estado parlamentario”, expresó Denis Ronald Moncada, representante de Nicaragua ante el organismo hemisférico.
Por su parte, Diego Pary, embajador de Bolivia, calificó el juicio político como un “triste acontecimiento”, al subrayar que “ se trata de un nuevo golpe de Estado a través de otro procedimiento”.
La ministra consejera de Venezuela ante la OEA, Carmen Luisa Velásquez, aseguró que la sustitución de Lugo solo puede ser resultado de “un proceso democrático realizado por el pueblo de Paraguay” y reafirmó el rechazo de su Gobierno “a todo intento de golpe de Estado encubierto”.
En caso de ser considerado culpable, Lugo será inmediatamente apartado del cargo, que asumirá de forma interina el vicepresidente, el liberal Federico Franco, hasta que tengan lugar nuevos comicios presidenciales.
La próxima celebración de elecciones generales en Paraguay está prevista para abril de 2013.