En el poder desde febrero de 1999 hasta su muerte el 5 de marzo de 2013, el presidente socialista Hugo Chávez, iniciador de una “revolución bolivariana”, lanzó a partir de 2001 una serie de nacionalizaciones, desde el sector petrolero hasta el agroalimentario, pasando por la gran distribución.
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Esta “reapropiación” afectó a varios grupos estadounidenses, como ConocoPhilipps o Exxonmobil, provocando acciones judiciales.
Las relaciones de los dos países se degradaron profundamente durante un intento de golpe de Estado frustrado en 2002 en Venezuela. Chávez acusó al presidente George W. Bush, al que calificó de “diablo”, de haber apoyado la rebelión. Estados Unidos veía con preocupación las posiciones de Hugo Chávez contra el neoliberalismo, sus contactos con Irak y Libia, su amistad con el presidente cubano Fidel Castro y los presuntos vínculos con la guerrilla colombiana que siempre negó. Hugo Chávez, por su parte, fustigó al imperialismo estadounidense al que prometió dejar “KO”.
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Las tensiones surgieron especialmente con unas fustigadoras declaraciones. En su programa de televisión “Aló presidente”, Hugo Chávez calificó a George W. Bush de “cobarde”, “asesino”, “genocida” o “alcohólico”.
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En 2006, el secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, comparó al presidente venezolano con Adolf Hitler. Chávez “ha dilapidado la riqueza petrolera en sus esfuerzos por promover su visión hostil a Estados Unidos, ha dejado a sus propios ciudadanos enfrentados a la escasez alimentaria, a la vez que amenazó a sus vecinos”, declaró Bush en 2008.
En varias ocasiones, Hugo Chávez y después su sucesor Nicolás Maduro acusaron a Estados Unidos de apoyar intentonas golpistas. En agosto de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, provocó la ira de Caracas y la polémica en América Latina al hablar de una “posible opción militar” en Venezuela.
Recientemente, Nicolás Maduro acusó el martes a Washington de haber ordenado “un golpe de Estado fascista”, al día siguiente de un levantamiento militar reprimido y en la víspera de manifestaciones a favor y en contra del gobierno. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, mostró su solidaridad con la manifestación de la oposición organizada este miércoles, a iniciativa del presidente del Parlamento Juan Guaidó (Voluntad Popular, centroizquierda). La oposición no reconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro, al igual que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
En 2006, Estados Unidos prohibió la venta de armas y de material militar estadounidense a Venezuela, debido a su falta de cooperación en la guerra contra el terrorismo. Venezuela y Estados Unidos no tienen embajadores respectivos desde 2010. En 2015, Washington impuso sanciones contra varios responsables venezolanos acusados de violar los derechos humanos. El New York Times dedicó una página a Venezuela asegurando que no representaba ninguna “amenaza”.
En los últimos años hubo varias sanciones contra varios responsables venezolanos, incluido el presidente, calificado de “dictador”. Tras la elección en julio de 2017 de la Asamblea Constituyente considerada “ilegítima”, Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos y empresas comprar deuda pública venezolana o de su compañía petrolera pública PDVSA. Caracas atribuyó a estas sanciones las graves penurias alimentarias y de medicamentos que golpean al país.
A pesar de la encendida retórica, ambos países siguen siendo importantes socios comerciales. Venezuela, que obtiene el 96% de sus ingresos del petróleo, realizaba un tercio de sus ventas de crudo en Estados Unidos en 2017. Para Washington, esto representa el 8% de sus compras.
Un posible embargo estadounidense sobre el petróleo supondría un duro golpe a la ya hundida economía venezolana. Venezuela es un importante actor del sector petrolero en Estados Unidos a través de la filial Citgo de PDVSA, que posee refinerías, oleoductos y acciones en reservas petroleras en suelo estadounidense. Miles de gasolineras lucen el letrero Citgo bajo un estatuto de franquicia.