La aprobación del pacto se dio la mañana de este lunes. Este texto está destinado a reforzar la cooperación internacional para una “migración segura, ordenada y regular”, según las informaciones difundidas por la ONU en Marrakech.
Sin votación ni firma, la conferencia intergubernamental de Marrakech debería ser una simple etapa formal del proceso, previa a un último voto de ratificación el 19 de diciembre en la Asamblea General de la ONU.
Pero una quincena de países anunciaron su retirada o una congelación de su decisión. “Es sorprendente que haya habido tanta desinformación sobre lo que es y dice el Pacto. No crea ningún derecho de migrar, no impone ninguna obligación a los Estados”, insistió Louise Arbour, representante especial de la ONU para las migraciones, la noche del domingo en una rueda de prensa.
De los 193 países de la ONU, 159 confirmaron su presencia en Marrakech. Un centenar estarán representados por sus jefes de Estado, de gobierno o ministros.
El pacto, no vinculante, recoge principios —defensa de los derechos humanos, de los niños, reconocimiento de la soberanía nacional— y enumera protestas para ayudar a los países a enfrentar las migraciones —intercambio de información y de experiencia, integración de los migrantes—.
Prohíbe las detenciones arbitrarias y solo autoriza los arrestos como medida de último recurso. En el mundo hay alrededor de 258 millones de personas en movilidad y migrantes, esto es, 3,4% de la población mundial.
Los activistas de los derechos humanos consideran que el acuerdo no llega suficientemente lejos en materia de ayuda humanitaria, servicios básicos y derechos laborales de los migrantes.
Sus detractores lo consideran una incitación a los flujos migratorios incontrolados. Estados Unidos, que se había retirado de la elaboración del texto en diciembre de 2017, al considerarlo contrario a la política de inmigración del presidente Donald Trump, lanzó un nuevo ataque el viernes.
“Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país” , remarcó la misión diplomática estadounidense ante la ONU en un comunicado.
Washington se esforzó en los últimos meses por compartir su opinión sobre el pacto con otros países firmantes, sobre todo en Europa, según diplomáticos de la ONU. Hasta ahora, nueve países se retiraron del proceso, tras haber aprobado el texto el 13 de julio en Nueva York: Austria, Australia, Chile, República Checa, República Dominicana, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia. Otros siete quisieron tener más consultas internas: Bélgica, Bulgaria, Estonia, Israel, Italia, Eslovenia y Suiza, según Louise Arbour.
El sábado se registraron en Ottawa altercados entre grupos proinmigración y militantes de derecha opuestos a la adhesión al pacto.
Pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, prevé firmarlo: “Acoger a la gente venida del mundo entero gracias a un sistema de inmigración riguroso es lo que convierte a Canadá en un país fuerte”, dijo.
La canciller alemana, Angela Merkel, también favorable al texto, llegó el domingo a Marruecos. Los jefes de gobierno de España, Grecia, Dinamarca, Portugal y Bélgica confirmaron su asistencia. La decisión del primer ministro belga, Chales Michel, de viajar a Marruecos, hizo explotar su coalición gubernamental con los nacionalistas flamencos del N-VA, tras varios días de tensión.
Este partido antiinmigración celebró el sábado un encuentro en Bruselas con Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, y Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, para denunciar el pacto, denunciado por populistas de toda la UE a unos meses de las elecciones europeas, en mayo.
El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió enviar a Marruecos al secretario de Estado de Relaciones Exteriores para abordar las protestas de los “chalecos amarillos” que sacuden el país desde hace tres semanas.