El organismo dirigido por Christine Lagarde subrayó esta semana en un amplio estudio sobre desigualdad y política fiscal que “en las últimas tres décadas, la desigualdad ha crecido en casi todos los países”.
De hecho, Lagarde ha llamado a esta tendencia uno de los “mayores flagelos” económicos de nuestro tiempo en repetidos discursos.
Por ello, y para hacer frente a la creciente desigualdad global, el FMI recomienda tratar con sumo cuidado las herramientas de política fiscal disponibles.
Esta tendencia, los cada vez más dispares rendimientos de los segmentos más ricos y menos ricos de la población, ha potenciado las exigencias de la ciudadanía por una mayor redistribución.
“Especialmente”, explicó David Lipton, número dos del Fondo en una conferencia en Washington para presentar el informe, “en el contexto de tensiones sociales asociadas a la consolidación fiscal aplicada tras el estallido de la crisis financiera de 2008”.
Como caso paradigmático el Fondo ha puesto a Estados Unidos, donde la cuota del total de ingresos capturada por el 10% más rico de la población ha pasado del 30% en 1980 al 48% en 2012, aunque observa una trayectoria similar en casi todos los países.
Para los avanzados, el FMI recomienda elevar la edad de jubilación, con “el objetivo de mejorar la estabilidad financiera de los planes de pensiones sin reducir beneficios”, y reducir exenciones regresivas como las desgravaciones por propiedad de inmuebles.
En Europa, donde se han impuesto duros planes de ajuste para hacer frente a la crisis en las finanzas públicas, el Fondo destaca las políticas progresivas aplicadas en países como España, Grecia, Letonia, Portugal y Rumanía entre 2008 y 2012, donde los estratos mejor situados soportaron el grueso del ajuste.
En el lado opuesto, sitúa a Reino Unido o Italia, cuyas políticas han sido menos equitativas.
Asimismo, Lipton advirtió de los riesgos de políticas redistributivas erróneas y mal ajustadas en los países emergentes.
“La redistribución puede apoyar el crecimiento porque reduce la desigualdad, pero puede ser muy costosa si está mal diseñada”, afirmó al apuntar como ejemplo los ineficientes subsidios energéticos en países en desarrollo.
El organismo se ha lanzado en una cruzada contra este tipo de subsidios, que favorecen de manera desproporcionada a aquellos con mayores ingresos.
Además, el Fondo, que había hasta ahora mantenido una cautelosa distancia respecto a la desigualdad tanto de ingreso como de riqueza dentro del crecimiento general, ha empezado a reconocer las complicadas consecuencias sociales que puede tener al vincularlo a las protestas que se han visto en los últimos años en países como Turquía, Brasil, Venezuela o Egipto.
“En muchos países en desarrollo, el 40% más pobre recibe menos del 40% del total de beneficios sociales, lo que contribuye a la desigualdad de oportunidades y una baja movilidad intergeneracional”, explicó Lipton.
No obstante, y pese a valorar el reciente énfasis en la cuestión por parte de los técnicos del Fondo, organizaciones como Oxfam piden que salga del ámbito académico y empiece a aplicar estas recetas en el día a día de la institución.
“Esperemos que esto signifique un cambio a largo plazo en las recomendaciones de política del FMI a los países: invertir en educación y sanidad y políticas fiscales más progresivas” , dijo a Efe Nicolas Mombrial, portavoz de Oxfam en Washington.
Asimismo, apuntó a un elemento ausente en el análisis de la institución: “Es preocupante que no identifique la evasión fiscal de las empresas como un generador de desigualdad (...) Las compañías deben contribuir con su parte”.