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“Pedimos el cese de la masacre, que no acabó. Todavía hay compañeros escondidos que están totalmente sitiados”, afirmó a Efe la activista paraguaya Carla Álvarez Brítez, del grupo Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), afiliado a Vía Campesina.
Álvarez aseguró que las autoridades paraguayas están usando el suceso para “justificar” la intervención en otros asentamientos de campesinos “sin tierra”.
“Es muy grave, significa la criminalización de la lucha campesina y la lucha por la tierra. El anuncio es mano dura, nos acusan a los campesinos de ser los delincuentes”, comentó la activista, que calificó el tiroteo como “la peor masacre” ocurrida en el país.
El tiroteo ocurrió durante una operación de desalojo en una hacienda en Curuguaty, distrito de Ybyrá Pytá, a 380 kilómetros al noreste de Asunción.
En el choque también resultaron heridas 20 personas y fueron detenidos un número aún no confirmado de campesinos, según los últimos informes oficiales.
Según Álvarez, los campesinos de la región comentan que el número de muertos podría elevarse a 30 personas, aunque señaló que la información que llega es “muy parcial”.
La activista afirmó que “la culpa de la masacre es del modelo del agronegocio impuesto en el país”, aunque “la mano ejecutora” es la policía, con la complicidad de las empresas y de los tres poderes, en su opinión.
La Cumbre de los Pueblos es el principal evento paralelo a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y congrega a decenas de movimientos sociales de todo el mundo, con el objetivo de elaborar propuestas de desarrollo sostenible basadas en la justicia social.