Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y delegados de otras organizaciones sociales se reunieron en el parque El Arbolito, en el centro de la capital, para instalar su Asamblea y ratificar la continuidad de las protestas.
La Conaie, en su cuenta de Twitter señaló que el próximo miércoles efectuará una movilización para pedir la liberación de un centenar de detenidos en las últimas manifestaciones, algunas de las cuales se tornaron violentas.
Hasta el pasado martes, el Ministerio del Interior informó que 104 policías habían sufrido heridas y que 102 manifestantes fueron detenidos por acciones violentas en las protestas.
La Conaie también informó que se resolvió convocar a una “Convención de Trabajadores y Movimientos Sociales” para el próximo 29 de agosto y a otra Asamblea Nacional Popular, para el 15 de septiembre, con delegados de todas las provincias.
En esa cita, que se efectuará en Quito, se convocará a una “Marcha nacional” el 16 de septiembre, cuyas características no especificó.
El objetivo de las movilizaciones y reuniones es exigir al Gobierno del presidente Rafael Correa rectificaciones en varias políticas, aunque el reclamo fundamental es el archivo de unas enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, permite la reelección indefinida.
Asimismo, exigen la derogación o archivo de normativas que, según los manifestantes, afectan al sector laboral, a los indígenas, campesinos y a la población en general, como las leyes de Agua, Tierra, unos decretos laborales calificados por ellos como “anti obreros” y un acuerdo comercial con la Unión Europea, entre otras.
Tras la reunión, los manifestantes efectuaron una nueva marcha por las calles del centro histórico de Quito, que transcurrió sin incidentes y custodiada por la policía.
La caminata pasó a unas dos cuadras de las Plaza de la Independencia, donde se ubica el Palacio presidencial, y gritaron “fuera Correa, fuera”, consigna que también ha sido acuñada por la oposición de grupos de derecha en anteriores manifestaciones.
La dirigencia de la Conaie y el FUT ha negado que las protestas tengan fines desestabilizadores, como teme el oficialismo, pero ha ratificado que mantendrán las movilizaciones de manera indefinida.
El presidente Correa ha afirmado en las últimas semanas que las protestas de los indígenas y sindicatos caen en “el juego a la derecha” y otros grupos poderosos nacionales e internacionales interesados en desestabilizar a los llamados gobiernos progresistas de la región.
Correa ha insistido en que está en marcha, supuestamente, una estrategia regional a la que ha denominado “golpe blando”, que incluye el “calentamiento de las calles” con protestas, como ha sucedido en Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil.
El mandatario incluso ha asegurado que a los opositores de izquierdas y derechas de su país sólo les queda la vía de la violencia para intentar desestabilizarlo, pues asegura que no pueden lograrlo por la vía democrática en las urnas electorales.
Correa está convencido que nuevamente volvería a vencer en las urnas a la oposición, aunque no ha definido todavía si se presentará a una nueva reelección en los comicios de 2017.
Los indígenas y sindicatos, que eran aliados del Gobierno en sus inicios (2007), rechazan las acusaciones de Correa, afirman que no quieren desestabilizar al país, que tampoco guardan relación con los opositores de derechas y aseguran que su protesta busca rectificaciones por parte de la Administración central.