El Ejecutivo solicitó que el proyecto de ley sea discutido “con carácter de urgencia” en la Asamblea Nacional (Parlamento), cuya directiva, compuesta por oficialistas, ya ha citado a los representantes de los partidos políticos para que se presenten mañana sábado, un día de trabajo poco usual para los diputados en Nicaragua.
La “Ley de Amnistía” no solamente tiene como objetivo absolver a las personas acusadas de cometer “delito políticos” desde el estallido social de abril, sino también a las que no han sido investigadas, o que tienen procesos penales, según una copia del documento divulgado esta tarde.
La amnistía que propone el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordena a las autoridades que no inicien procesos de investigación sobre delitos cometidos en el marco de la crisis, pero además que cierre las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias. Adicionalmente, propone cancelar los antecedentes penales de las personas beneficiadas con la amnistía, incluyendo “delitos políticos y comunes conexos”.
Finalmente, la “Ley de Amnistía” manda a que los beneficiados no participen “en conductas repetitivas generadoras de delitos políticos”.
El proyecto de “Ley de Amnistía” se presenta ante la Asamblea Nacional a 11 días de que se cumpla el plazo en que el Ejecutivo prometió dar libertad absoluta a cerca de 800 “presos políticos”, aunque esta semana afirmó que únicamente les aplicaría excarcelación.
También sale a luz a pocas semanas de que Estados Unidos y la Unión Europea ejecuten sanciones contra Ortega y sus allegados en caso de que este no demuestre voluntad para respetar los derechos humanos, castigos que su Gobierno ha insistido en que no se le apliquen.
Diversos movimientos opositores, entre ellos el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, así como sus abogados, se han opuesto a una ley de amnistía desde que el Gobierno abrió dicha posibilidad, porque consideran que protestar contra un presidente no es delito.
Los opositores creen que la “Ley de Amnistía” en realidad busca beneficiar a cientos de policías y paramilitares que han matado, secuestrado o torturado a los manifestantes, desde que comenzó la llamada “insurrección cívica”, contra Ortega.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes “de lesa humanidad” durante la crisis.