En un comunicado, la Cancillería salvadoreña expresó la “profunda preocupación” del Gobierno del presidente Mauricio Funes “por la crisis política que atraviesa” el país suramericano, y abogó por el diálogo y la legalidad para superarla.
En apenas 30 horas, Lugo fue juzgado y sentenciado y su vicepresidente, Federico Franco, asumió la Presidencia hasta el término del mandato, el 15 de agosto de 2013.
“El Salvador considera que la destitución del presidente Fernando Lugo, electo democráticamente por el pueblo paraguayo, realizada de manera tan expedita, difícilmente puede haberse efectuado respetando las garantías mínimas de audiencia y defensa que son inherentes al derecho de un debido proceso”, añadió la Cancillería.
Remarcó que “la situación generada producto de esta apresurada decisión riñe con instrumentos internacionales como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos y la Carta Interamericana de Derechos Humanos”.
El Gobierno salvadoreño subrayó que “cualquier salida a esta crisis debe darse siempre en el marco del pleno respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos, y sin el uso de ningún tipo de violencia”.
También expresó “su confianza en que la sociedad y la clase política paraguaya sabrán privilegiar el diálogo, la negociación y la legalidad como los mejores medios para superar esta difícil situación”.
“El Salvador seguirá con atención los acontecimientos y continuará, conforme su evolución, actualizando sus consideraciones sobre la situación en Paraguay”, puntualizó la nota oficial.
El presidente del Parlamento salvadoreño, Sigfrido Reyes, también señaló hoy que la “repentina destitución” de Lugo “vulnera el orden democrático” en Paraguay.
Antes de la destitución de Lugo, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), formado por la extinta guerrilla salvadoreña, expresó el jueves en un comunicado su “profunda preocupación” por el juicio político contra él y calificó el proceso como un intento de “golpe de Estado”.
El Senado paraguayo destituyó este viernes a Lugo por mal desempeño en sus funciones por la muerte de once campesinos y seis policías en una operación de desalojo de una hacienda ocupada.