Muiznieks pidió en un comunicado acabar “de una vez por todas” con los campamentos reservados a los gitanos en Italia y “con las expulsiones forzosas”, y combatir el “anti-gitanismo, que sigue estando ampliamente presente en el discurso político y en los medios de comunicación”.
Subrayó que hay “graves problemas de derechos humanos” con gitanos e inmigrantes, destacó las consecuencias que tiene la “excesiva duración” de los procesos judiciales y pidió a Roma que solucione esta cuestión.
El comisario, que expuso en un informe estas conclusiones que se basan en una visita al país entre el 3 y el 6 de julio pasados, esgrimió, asimismo, una razón económica para la mejora de esta situación: la ineficacia de la justicia italiana le cuesta al Estado cada año el 1 % de su Producto Interior Bruto (PIB).
Denunció que “prácticamente” no exista un marco de integración para los beneficiarios de protección a nivel internacional, lo cual es “contrario a las obligaciones de Italia en materia de derechos humanos”.
Pese a alabar algunas mejoras en esta dirección, como la buena gestión del Tribunal de primera instancia de Turín, que “debería exportar su modelo al resto del país” o el fin de la expulsión de inmigrantes a Libia, Muiznieks reclamó a las autoridades que se mantengan “vigilantes” con la aplicación de otros acuerdos, como el de readmisión de inmigrantes por parte de Túnez, Egipto y Grecia.
Aunque el responsable de derechos humanos felicitó a Roma por la adopción de la primera estrategia nacional para incluir a los gitanos, recordó que esta iniciativa debe traducirse en “acciones concretas”.
“Lamentablemente” -argumentó- la reducción “drástica” de recursos de la oficina antidiscriminación italiana “podría comprometer el éxito” de la inclusión de estos colectivos.
No es la primera vez que el Consejo de Europa denuncia esta situación: el año pasado, el predecesor de Muiznieks hizo una evaluación muy similar del trato a la población gitana en Italia.