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José Hawila dejó la gestión de la empresa brasileña Traffic a su mano derecha, el brasileño José Margulies, alias José Lázaro, a principios de la década pasada. Margulies se alió con Torneos y Competencias (T&C) para crear la empresa Torneos & Traffic (T&T) en un paraíso fiscal: las Islas Caimán. Desde allí, consiguieron los derechos de transmisión de la Copa Libertadores de América en el año 2003, con contratos que eventualmente extenderían el acuerdo desde 2004 hasta el 2018 por más de US$ 270 millones. El gran facilitador en el esquema es Nicolás Leoz, quien firmó por la CSF.
Según la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, José Margulies sobornó a los directivos de la Conmebol a través de dos de sus empresas privadas también con sede en paraísos fiscales: las islas Turks and Caicos, un territorio de ultramar del Reino Unido conocido por ser un paraíso fiscal, y otra compañía en Panamá. Estas empresas se llamaban Somerton y Valente.
Somerton era una empresa ficticia creada en los años '80 pero que recién tuvo dueño real en el nuevo siglo. Su sede estaba ubicada en las Islas Turks y Caicos. Esta empresa firmó un contrato con T&T para organizar todo lo concerniente a la “logística” de la Copa Libertadores como viajes, organización de los equipos, etc.
En los papeles, Somerton servía para la “estructuración, planeamiento, desarrollo y supervisión de los servicios de transmisión y logística, desplazamiento de los equipos a los estadios donde se disputen los partidos del torneo Copa Libertadores de América”.
Inicialmente, el contrato entre T&T (alianza del procesado Alejandro Buzarco y Margulies) y Somerton (la misma empresa de Margulies) iba hasta la edición 2018 de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, en el 2011 se produce un quiebre: fue el mismo Margulies quien cedió los derechos de Somerton (su empresa) a otra suya llamada Valente, que tenía sede en Panamá. Esto ocurrió en 2011, y Valente cumplía, en los papeles, la misma función que Somerton. El detalle es que Valente tenía como accionistas a todos los parientes de José Margulies; como por ejemplo su esposa, Nirvana Margulies, y sus hijos Elis Regina Margulies y Claudio Fabián Margulies.
Esto demuestra cómo la Conmebol, entonces de la mano de Leoz, cedió los derechos de la Libertadores a una compañía que creaba empresas a placer para manejar el dinero sucio.
La cesión de los derechos a T&T tiene otro trasfondo. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU., las empresas de Margulies Somerton y Valente eran las compañías a través de las cuales se pagaban los sobornos a los directivos de la Conmebol para garantizarse los derechos de televisación de la Copa Libertadores. Entre los directivos están Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo, Julio Grondona y el extesorero de Conmebol, Romer Ozuna.
El texto de la justicia de EE.UU. afirma que tanto Somerton y Valente, las empresas de Margulies, usaban entidades financieras norteamericanas para hacer los pagos de sobornos. En otra parte la acusación se cuenta que esos pagos se hacían a través del National Delta Bank a la sede de Nueva York del Banco do Brasil, desde donde llegaba el dinero al Paraguay. Otros de los bancos con quienes operaba las empresas de Margulies era el Standart Chartered de Nueva York. Es por ello que los Estados Unidos abrió la investigación fiscal.
El abogado Ricardo Preda, del equipo legal de Nicolás Leoz, afirmó en conversación con ABC Color que se encuentra centrado en el proceso de extradición del extitular de Conmebol, ya que el gobierno de los Estados Unidos lo requirió luego de imputarlo. Esta fase del proceso, explicó, nada tiene que ver con los hechos que pudo o no haber cometido Leoz en el sentido de recibir coimas de parte de estas empresas. Recordó que en el Paraguay no hay un castigo penal por recibir dinero en concepto de coimas entre empresas privadas o particulares, como se entiende en este caso, ya que la Conmebol no es una entidad pública. Los Estados Unidos sí castigan esto.
Preda comentó que el proceso actual de Leoz no le obliga a expresarse sobre su culpabilidad o no, porque son fases diferentes. En ese sentido recordó la soberanía jurídica y el Estado de Derecho deben prevalecer. Consultado sobre si Leoz se expresó sobre su culpabilidad o no en el caso, respondió que ni siquiera le preguntó eso, ya que no es necesario para el proceso legal que actualmente afronta.