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El abogado Martín Almada comentó que descubrió los “archivos del terror” luego de 15 años de investigación. Sus averiguaciones se iniciaron con el propósito de conocer la forma en que murió su esposa y los datos que tenía el régimen de Stroessner sobre él.
Luego de años de paciencia, finalmente dio con pistas a través de una revista policial e informes que iba obteniendo, según relata.
Ya caída la dictadura, se cambia la Constitución en 1992 y surge la figura del hábeas data, que fue aprovechada por Almada para solicitar ante el juez José Agustín Fernández el allanamiejnto del archivo de la Policía.
Mientras aún se tramitaba su pedido, el profesional fue contactado por una mujer que le aseguró que los papeles que buscaba no estaban en la capital, sino en un depósito fuera de la ciudad.
“Me dio un plano y me dice esta mujer que este mismo plano ya le había dado al entonces diputado Pancho de Vargas y que no le hizo caso”, recuerda.
Con estos nuevos elementos, Almada acude nuevamente ante el magistrado y pide llegar al lugar señalado por su informante.
El juez y Almada, finalmente, siguen las pistas que los conducen hasta la Sección Producciones de la Policía Nacional, en Lambaré.
La comitiva judicial llega al lugar a las 11:00 del 22 de diciembre de 1992 y solicita a Ismael Aguilera Rolón, entonces subdirector de la dependencia, el ingreso al recinto.
El uniformado intentó impedir la intervención, pero el magistrado se impuso y lo obligó a ceder, según comenta Martín Almada.
Al internarse en el sitio, el grupo halló una oficina candadeada, por lo que fue abierta por la fuerza.
El descubrimiento asombró a todos, ya que se trataba de unas tres toneladas de documentos relacionados con el operativo Cóndor, según detalla Almada.
“Había registros de víctimas de la dictadura, entre esos estudiantes, religiosos, artistas, abogados, médicos, sociólogos y seguidores de la teología de la liberación, además de campesinos de las ligas agrarias”, refiere.
De esta manera, se confirmó que el régimen de Stroessner realizaba un seguimiento de los opositores, que incluían registros completos, con direcciones, teléfonos, familiares y hasta tendencias ideológicas y sexuales.
Igualmente, se encontraron filmaciones y fotografías que constituían evidencias sobre las persecuciones y torturas.
Inmediatamente, el juez Fernández ordenó el traslado de todas las evidencias al Palacio de Justicia.
Este descubrimiento permitió procesar a represores que trabajaron a nivel regional para el operativo Cóndor, entre ellos Augusto Pinochet, según el abogado.
Almada lamenta, sin embargo, que los documentos de importante valor no hayan servido para procesar a los responsables de las persecuciones.
El comisario retirado Ismael Aguilera Rolón desmiente que haya intentado obstruir el ingreso de la comitiva del juez Fernández.
Explica que simplemente solicitó un tiempo para comunicarse con sus superiores, a fin evitar inconvenientes.
Según asegura, fue él quien se percató de la existencia de los archivos de la dictadura cuando el 20 de diciembre de 1992 fue trasladado a la oficina de Lambaré desde el interior del país.
“Metí en mi informe y lo llevé al entonces presidente del Senado, Francisco de Vargas”, refiere.
De acuerdo a su declaración, él fue quien dio aviso al juez Agustín Fernández y este hizo lo propio con Martín Almada, quien llamó a la prensa para advertir sobre el descubrimiento.
Al ser abordado sobre la declaración de Aguilera, Almada no descarta que el uniformado haya tenido conocimiento previo de la existencia de las documentaciones.
Sin embargo, señala que el entonces subdirector de la Sección Producciones no alertó a las autoridades correspondientes.
Almada pide que la Fiscalía convoque a Aguilera, a fin de tomar su declaración sobre los sucesos de aquel día. “Quién sabe, tal vez él sepa mucho más que yo sobre los archivos y pueda aportar”, refiere.