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Maniatado y con un único tiro en la sien. Así fue hallado en la mañana del miércoles el cuerpo sin vida del argento 1° Agropecuario del Ejército Pedro Rodrigo Riveros Rojas (27). El efectivo militar había desaparecido en la noche del sábado y desde entonces, una serie de conjeturas se tejieron sobre el caso.
El trágico hallazgo ocurrió alrededor de las 09:30 del miércoles, al lado de un árbol de mandarino en medio de una plantación de trigo, en la colonia Berthal, a unos 1.000 metros de la Ruta VII “Gaspar Rodríguez de Francia”, a la altura del kilómetro 225.
Riveros Rojas era uno de los tres militares asignados a la custodia de la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF) en J. Eulogio Estigarribia (Campo 9), un distrito del departamento de Caaguazú ubicado a unos 213 kilómetros de Asunción.
Una de las hipótesis que maneja la Policía es que el militar fue contactado y seducido por una mujer, con quien habría mantenido relaciones sexuales el sábado último en el inquilinato donde vivía con sus dos camaradas que también estaban asignados a la custodia de la sede del BNF.
De hecho, en la casa que fue revisada el lunes de mañana, los investigadores encontraron preservativos usados que fueron tirados en el baño.
Posteriormente, la mujer le habría suministrado algún somnífero, para permitir la aparición en el lugar de sus cómplices, quienes aparentemente maniataron al militar y lo alzaron a un vehículo en el que lo llevaron al lugar donde fue encontrado muerto el miércoles.
Como el uniformado prestaba servicios hasta hace poco en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), se sospecha que la mujer que facilitó el robo sería justamente de la zona norte del país y que los dos fusiles sustraídos fueron a parar a manos del grupo armado EPP.
Fuentes consultadas por ABC Color señalan como muy llamativa la posibilidad de que el grupo criminal haya llegado a operar hasta la zona de Campo 9, bastante alejada de su zona de influencia. “Hay que recordar que llegaron a ser vistos en la zona de Sidepar, pero igual sigue siendo muy alejado”, señaló una de las fuentes a las que consultamos.
La zona conocida como Sidepar es un área bastante extensa ubicada en la conocida como “Triple Frontera”, en la convergencia entre los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro. Logísticamente, un desplazamiento así representaría demasiado desgaste solo para hacerse con dos fusiles.
De hecho, las primeras vinculaciones del caso con el grupo criminal EPP las había hecho la propia familia del fallecido, al revelar que había prestado servicio en la FTC y que familiares de algunos miembros de la banda eran sus vecinos. Ante estos datos, tampoco faltaron las especulaciones sobre la posibilidad de que Riveros hubiera huido para unirse al grupo criminal.
Versiones a las que tuvo acceso nuestro diario señalan que por las características del caso, parecería ser más bien un caso vinculado a organizaciones criminales de narcotráfico o asaltantes que buscan realizar futuros golpes y para ello necesitan de más armas.
Las primeras denuncias de la desaparición de Riveros comenzaron a surgir en la mañana del lunes, luego de que la Policía fuera notificada sobre la ausencia del militar y los fusiles de los dos camaradas con los que compartía la responsabilidad de resguardar la sede del BNF en Campo 9. Sin embargo, el fiscal Édgar Torres, quien se apropió de la investigación no intervino sino hasta el martes.
Antes de siquiera estar bien adentrado en el caso o de haber ordenado procedimiento alguno, el agente del Ministerio Público ya comenzó a señalar a Riveros como un posible vendedor de armas. “Presumo que el militar hizo un negocio, vendió las armas y en cualquier momento va a aparecer”, declaró Torres en conversación con Radio ABC Cardinal.
Riveros terminaría apareciendo, pero muerto. “Si hubiera vendido las armas, no tiene sentido que lo hayan matado. Hubo muchos casos de uniformados que vendían sus armas, pero que no los mataban. Lo que normalmente hacen es vender las armas y fingir el robo”, manifestó una fuente al respecto de este punto.
De hecho, en el seno de las Fuerzas Armadas interesaba más conocer el paradero de las armas que el del suboficial que se encontraba en servicio al momento de desaparecer. La Justicia Militar abrió sumario por el extravío de los dos fusiles, pero no hizo siquiera mención alguna al paradero desconocido del sargento Riveros.
“No se tomaron las medidas necesarias desde el principio. Desde el inicio se lo estaba investigando como ladrón de haber robado fusiles, en ningún momento se tomaron medidas para investigar qué pasó con él”, señaló a ABC Color el abogado Francisco Flor.
La investigación en el seno de las Fuerzas Armadas giró en torno a la desaparición de las armas y no así del personal que se encontraba en servicio. Algunas de las versiones señalaban que Riveros no se presentó para su guardia; sin embargo, el sargento desapareció de la casa asignada por el BNF para quienes se encargar de custodiar sus locales. “Ellos viven en el mismo banco, cuando se van a descansar atrás del banco tienen donde ellos descansan y de ahí él desapareció”, manifestó Flor.
“Se debería hacer una buena investigación para que se vea qué pasó. Es un asesinato de un personal militar, nadie se hizo responsable todavía y si era el EPP ya se iba a hacer un comunicado porque es como ganar una batalla para esos criminales que dicen estar en guerra. El tema del norte, donde se le mató a ocho efectivos, no se está investigando tampoco”, aseveró el abogado que se puso a disposición de la familia de Riveros para representarla y así solicitar una investigación a profundidad.
Tanto el caso de Riveros como el de los ocho militares asesinados semanas atrás en la localidad de Arroyito, departamento de Concepción, genera preocupación entre los efectivos castrenses y sus familiares.
“Si era un oficial el que desaparecía, iban a mover todo para buscarle, no se le iba a dar el trato de ladrón que le quisieron dar al sargento Riveros. Por tratarse de un sargento ya le trataron de ladrón antes de saber qué pasaba, no trataron con el debido tacto para saber qué pasó de ese personal”, aseveró el abogado.
“Si se encontró un preservativo usado se debería hacer un buen peritaje, aclarar a quien pertenecía. Pedimos que se haga una buena investigación fiscal” sentenció.
Fuentes a las que tuvo acceso nuestro diario dan cuenta de que en los últimos años se realizaron numerosas compras de armas y que podría darse el caso de que no exista un control efectivo sobre esas armas que pueden llegar a costar una fortuna en la frontera.
“Habrá que ver qué es lo que hay realmente atrás de esto”, finalizaron.