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Un tendal de casos de corrupción ha sacudido en los últimos años al Senepa, la institución encargada de lucha por la erradicación de vectores -como el mosquito Aedes aegypti- que pueden transmitir enfermedades a los seres humanos.
El último caso salió a la luz hace apenas un par de semanas, luego de una investigación realizada por el diario ABC Color. Cerca de G. 2.000 millones recibió una empresa del Senepa para la compra de insecticidas que debían ser destinados a la lucha contra el dengue, el chikunguña y el zika, pero que no funcionaron e incluso afectaron la salud de funcionarios y ciudadanos.
Cambios de color en la piel y dificultades para respirar. Esos fueron algunos síntomas que al menos una decena de vecinos del barrio San Blas de Caacupé presentaron el pasado 23 de octubre. Los problemas comenzaron a aparecer alrededor de media hora después de que pasara por allí un vehículo del Senepa que realizaba fumigaciones en la campaña para erradicar el dengue, el chikunguña y el zika.
El insecticida Deltametrina al 2% que habría generado esta serie de realizaciones fue proveído por la firma Chemtec S.A., adjudicada entre 2013 y 2014 con G. 1.950 millones para proveer 20.000 litros del químico que debería ser utilizado para controlar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, culpable de la transmisión de virus como el dengue, el chikunguña y el zika. Sin embargo, luego de la provisión de la primera mitad de los 20.000 litros, su uso fue suspendido.
El insecticida permaneció guardado, en grandes cantidades, en algún depósito del Senepa.
Luego de una serie de cambios en la institución y cuando la nueva administración se topó con miles de litros de insecticida sin usar y la inminente llegada de las épocas de mayor proliferación de mosquitos, se ordenó la inmediata utilización del químico para las campañas de fumigación.
Una serie de informes internos del Senepa revelan que los técnicos encargados de las fumigaciones comenzaron a notificar problemas a la hora de la utilización de la Deltametrina. Particularmente, los picos de las máquinas tanto pesadas como livianas presentaban obstrucciones durante las fumigaciones en la zona del departamento Central.
Las obstrucciones se debían a la pastosidad del producto observada a simple vista. En Ñeembucú, a su vez, relataban que la Deltametrina presentaba una manera “muy viscosa (pesada)”, lo que ponía en riesgo el estado de las máquinas rociadoras y la calidad de la aplicación de la misma.
El mismo Ministerio de Salud realizó pruebas que revelaron que el insecticida no funcionaba para su cometido: matar a los mosquitos.
Durante pruebas en las que se utilizaron cepas Coronel Oviedo y Rockefeller quedó demostrada la nula efectividad del producto. En el primer caso, para distancias de 5 y 10 metros, la mortandad de mosquitos fue del 0%; en el segundo caso, la mortalidad a 5 metros fue del 27%, y a 10 metros ya fue del 0%.
“Estos resultados demuestran NULA efectividad del producto Deltametrina 2% CHEMTEC para el control de mosquitos (…) El insecticida probado produce obturaciones en el pico y en el filtro, lo cual conlleva a una aplicación ineficiente del producto”, señala un informe del Ministerio de Salud al que tuvo acceso nuestro diario. Para poder ser considerado un insecticida efectivo, la mortalidad de la cepa de mosquitos expuestos debe ser igual o superior al 90%.
Por esta serie de irregularidades, el Ministerio de Salud había no solo suspendido el pago por la segunda mitad de los 20.000 litros de insecticida que debía proveer la firma sino que también se solicitó el retiro de la totalidad del producto entregado y almacenado en el depósito del Senepa e “intimar a la empresa que reemplace dicho en el plazo de 5 días calendarios”. Esta decisión debería haber sido notificada a la Dirección Operativa de Contrataciones y a la firma aseguradora.
El informe concluye que la empresa proveedora entregó un producto de “objetable calidad” y que fue utilizado en años anteriores durante brotes y epidemias de dengue y chikunguña sin ofrecer el control esperado sobre los mosquitos. “La publicación quedó expuesta a la propagación del brote epidémico, con la potencialidad de poner en riesgo vidas humanas”, sentencia el documento.
A pesar de este antecedente, la firma volvió a ser adjudicada a finales de 2015 para proveer otro insecticida. Según el titular del Senepa, Nicolás Aguayo, la adjudicación se dio debido a que la firma presentó resultados de pruebas de calidad realizadas por organismos internacionales que avalaban la efectividad de su producto.
Aguayo aseguró que en esta ocasión el producto es otro y reconoció que existe una fuerte disputa entre dos firmas que pujan por ser proveedoras de la institución a su cargo y que ante esta situación se plantearía la posibilidad de buscar alternativas en el extranjero para próximas campañas.
Aguayo, precisamente llegó a la institución luego de que la misma se viera salpicada el año pasado por un escándalo de grandes proporciones. Al igual que lo que se había descubierto en la Policía Nacional, en el Senepa también existía una rosca que se encargaba de desviar dinero que debía ser destinado a la compra de combustibles para los vehículos que formaban parte de las campañas de fumigación.
La fiscalía resolvió presentar cargos contra 31 funcionarios del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo por el derroche en el uso de combustibles y en la concesión de viáticos. El fiscal Martín Cabrera cita los delitos de lesión de confianza, producción y uso de documentos públicos de contenido falso y cobro indebido de honorarios. Según la denuncia investigada por la fiscalía, no presentaron o presentaron en forma irregular rendiciones por uso de combustibles y cobro de viáticos por viajes no llevados a cabo. Hablan de un daño de G. 1.070.566.155.
El escándalo alcanzó incluso a Silvio Ortega, quien ocupaba el cargo de director general del Senepa.
Además, la Fiscalía detectó una red en la que estaban envueltos funcionarios y que tenía como finalidad comercializar los insecticidas que debían ser utilizados para la lucha contra el mosquito transmisor del dengue, el chikunguña y el zika.
Un par de años antes de estos dos escándalos, el Senepa se había visto sacudido por la compra de grandes cantidades de mosquiteros sobrefacturados, sin condiciones técnicas y proveídos por una empresa cuyo capital era de apenas G. 1 millón: Eco Rural.
La empresa había comenzado a proveer al Estado allá por el 2003. El 2007 fue su mejor año, ya que vendieron diez máquinas aspersoras al Senepa por casi G. 1.200 millones además de seguir proveyendo hilos, telas, utensilios de cocina, plásticos de limpieza, equipos de salud y laboratorios, pinturas, herramientas de ferretería, electricidad y mosquiteros norteamericanos a Senepa.
El 2008 le fue mejor a esta empresa: vendió 812 mosquiteros que, según Contrataciones, estaban sobrefacturados y no cumplían requisitos técnicos.
Con un historial así dentro de la institución que debe luchar contra el mosquito transmisor (sumado además a la inconsciencia ciudadana), se hace fácil comprender cómo es que Paraguay afronta actualmente más de 16.000 casos de dengue.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano