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Liz Teresita, funcionaria del Senasa, fue apuñalada el 17 de junio pasado, metros antes de llegar a su casa en el barrio Vista Alegre de Asunción, para solamente robarle un celular que luego fue puesto a la venta por la suma de 50 mil guaraníes.
Posteriomente fueron detenidas cinco personas con relación a su asesinato, un menor de edad sindicado como supuesto autor del hecho, Bartolomé Franco Leguizamón, Alexander Wilson Patiño Franco y Alejandro Nicolás Martínez. Los mismos fueron detenidos tras un allanamiento realizado en la casa de Luz Marina de Franco, quien posee una causa por tráfico de drogas, la misma es madre de Lesly Patiño Franco, quien también fue imputada por reducción, dado que fue sorprendida utilizando uno de los celulares robados de a víctima.
Del lugar se incautaron uno de los celulares de la víctima y la moto utilizada para el atraco y otros elementos vinculados al caso. Posteriomente el Ministerio Público convocó a varios testigos para declarar dentro del marco de la causa, según indica la abogada de la familia, Cecilia Pérez. Dichas personas también fueron amedrentadas, ya que se buscaba evitar que prestasen declaración.
Sin embargo declararon e indiciaron que el menor confesó haber asesinado a la joven Teresita y el que estaba conduciendo la moto era Bartolomé. Teniendo en cuenta que no consiguieron evitar la declaración de los testigos, empezaron las amenazas a la familia de la víctima. Según relata la profesional en comunicación con ABC Color, las llamadas intimidatorias y de amenazas de muerte empezaron el año pasado.
Llamaban al celular de la sobrina de Teresita, una joven de 19 años y le decían "que se dejen de joder con la querella... decile a tu mamá, si no querés terminar como tu tía, sabemos el movimiento de la familia". A raíz de ello la joven decidió irse a la casa de sus suegros, pero nuevamente recibió una llamada donde le dijeron que sabían que aún no había regresado a su casa desde la noche anterior. A raíz de ello decidieron realizar la denuncia de las amenazas que venían recibiendo.
Camila fue convocada por el Ministerio Público para declarar respecto a las amenazas que venían recibiendo. Salieron con su madre rumbo a la sede de la fiscalía. Estaban esperando el colectivo, cuando la joven fue a comprar un jugo en un local que se encuentra sobre la calle Benjamin Constant. Al salir del local, un hombre se le acercó por detrás, le clavó con algo y le dijo que no mire hacia atrás y que camine.
Caminaron y subieron a un colectivo que giró hacia la calle Colón. El hombre se puso detrás de ella y en todo momento le exigió que no voltee. Cuando el conductor frenó de golpe, la joven aprovechó la ocasión y bajó del colectivo. Corrió. El desconocido la persiguió nuevamente hasta que logró ingresar a la casa de una mujer que estaba barriendo frente a a su domicilio sobre la avenida Quinta. El caso fue denunciado como privación ilegítima de libertad y está a cargo de la fiscal Sandra Quiñonez.
Posteriomente según nos comenta la abogada querellante Cecilia Pérez, las amenazas cesaron por un tiempo. Empezaron nuevamente cuando uno de los procesados en la causa, Bartolomé Franco Leguizamón, solicitó en dos oportunidades la revisión de su prisión en base al cambio de testimonio de uno de los imputados, que indicaron que el no fue la persona que condujo la moto el día que asesinaron a Liz Teresita. Sin embargo el juez de la causa rechazó el pedido de libertad.
Por otro lado el próximo 26 de junio vence el plazo para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo de la investigación. Acuse o no a los procesados en la causa la fiscala María de Fátima Britos Ricciardi . Por estos motivos las amenazas y amedrentamientos volvieron.
El 7 de abril pasado dos personas a bordo de una motocicleta se acercaron al padre de la víctima, Del Rosario Arzamendia (70), en inmediaciones de su domicilio -Barrio Vista Alegre- cuando éste iba a revisar un cajero. Los desconocidos le consultaron si él era el señor Arzamendia, a lo que éste respondió con una negativa y ante la respuesta se alejaron del lugar, según reza la denuncia realizada a la comisaría séptima metropolitana.
Al día siguiente el 8 de abril pasado Camila Arzamendia, sobrina de Liz Teresita, sufrió un profundo corte en la cabeza luego de que fuera atacada en su propio apartamento situado en un edificio en el barrio Virgen del Huerto de Asunción.
“Ellos piensa que si la familia retira la querella adhesiva se términa el proceso, sin embargo no entienden que si desistimos, el Ministerio Público va a contiuar con la investigación y el proceso contra los imputados”, indicó la abogada.
Liz Teresita, de 31 años, funcionaria del Senasa, fue ultimada el 17 de junio del 2014 en un asalto. La joven madre fue apuñalada en el pecho a metros de su casa del barrio Vista Alegre de Asunción y despojada de su celular. La criminal acción dejó huérfano a un niño de apenas 6 años.