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Los avances de la mujer paraguaya en cuanto a su derecho y participación en el escenario político no han sido otorgados por el tribunal electoral como producto del reconocimiento del valor de esta como sujeto de derecho, sino que consiste en el resultado de una lucha de larga data.
En nuestro país, las mujeres debieron pelear 60 años para poder elegir a las autoridades nacionales a través del sufragio. En Paraguay, la ciudadanía femenina fue un hecho recién en 1961.
La última Constitución Nacional de 1992 en sus artículos 46 y 48 establece la igualdad entre hombres y mujeres en dignidad y derechos. Afirma que el Estado deberá remover las barreras con el fin de lograr la equidad. En la actualidad, ni el 20% de los cargos públicos son ocupados por las mujeres, mientras que el Tribunal Superior de Justicia electoral admite que el 48% de los votantes son mujeres.
El proyecto de Ley de Paridad Democrática busca una participación equitativa de hombres y mujeres en la política con un sistema ya aplicado en siete países latinoamericanos; estos son: Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Panamá y Nicaragua. En Paraguay fue presentado en el Parlamento el 8 de marzo del 2016.
La ley pretende que exista una paridad en la listas; que estas se elaboren de manera alternada entre hombres y mujeres, en las cabezas de las listas para los diferentes cargos por agrupación política. La misma se aplicaría a las internas partidarias para la inscripción en el Tribunal Superior de Justicia electoral, de manera a que todas las candidaturas sean alternadas tanto horizontal como verticalmente.
Presidencia de la República: el gabinete deberá estar conformado de manera paritaria y debe existir un equilibrio en las representaciones internacionales de Paraguay.
Organismos que conforman órganos colegiados como los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, Consejos, entre otros.
Funcionario Público: que las mujeres alcancen altos cargos de gerencia o dirección con hombres en la función pública.
Organizaciones intermedias que se encuentren dispuestas por el Código Electoral como, por ejemplo, las cooperativas.
Las agrupaciones políticas: movimientos, alianzas, partidos y concertaciones para sus candidaturas deben elaborar listados con igual cantidad de hombres y mujeres de manera alternada.
Entre las acciones previstas en caso de incumplimiento se encuentra la imposibilidad de admisión de la lista de una organización por el TSJE, pero esta tendrá un tiempo para poner en orden la misma. También podría consistir en la no inscripción de estatutos, acuerdos políticos ni organizaciones intermedias, así como la no transferencia del subsidio estatal a entidad infractora.
Los encargados de velar por la ejecución de la normativa serán los tribunales electorales internos o partidarios, el TSJE, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de la Mujer, los organismos encargados de la conformación de órganos colegiados y de aplicación en órganos intermedios y los poderes del Estado debería hacer un control recíproco teniendo en cuenta lo establecido en la Constitución Nacional.
El pasado 3 de octubre los precandidatos a presidente de la República Mario Abdo Benítez y Santiago Peña de la Asociación Nacional República (ANR), Efraín Alegre, Carlos Mateo Balmelli, Martín Sannemann y Herminio Ruíz Díaz del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), participaron del debate denominado “1.000 mujeres quieren saber” y reconocieron la necesidad de esta ley para que las mujeres participen en la política con igualdad de posibilidades.
Cada uno se comprometió a dar más espacio a la mujer y acompañar la integración femenina en el escenario político.
La actividad fue organizada por el Grupo Impulsor del proyecto de ley por la Paridad Democrática (GIPD), el cual se encuentra integrado por parlamentarias y líderes políticas de diferentes sectores políticos, el Ministerio de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil como Decidamos - Campaña por la Expresión Ciudadana, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y las diferentes redes de mujeres políticas del país.
Este proyecto cuenta con el apoyo de agencias la agencia ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La campaña emprendida por estas organizaciones realizaron materiales que responden a planteamientos realizados frecuentemente en entornos que desconocen a profundidad el tema o donde principalmente reina el machismo.
Una de las cuestiones consiste en si acaso esta ley propiciaría que mujeres incapaces accedan a los espacios de poder político, la respuesta consiste en que actualmente más del 80% de los líderes estatales o privados son hombres y nadie cuestiona si son capaces o incapaces.
¿La ley se podrá aplicar con sistemas de listas cerradas “sábanas” o abiertas? Sí, porque este reglamento se aplicará al sistema de conformación de listas de cómo se presentarán las mismas.
Ya fue firmada por 13 legisladores: Emilia Afaro, Blanca Fonseca, Carlos Filizzola, Zulma Gómez, Mitha Gusinsky, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Blanca Lila Mignarro, Blanca Ovelar, Hugo Richer, Miguel Abdón Saguier, Lilian Samaniego y Arnaldo E. Guiuzzio.
En el Parlamento fue girada a tres comisiones: La de Asuntos Constitucionales ya emitió el dictamen, solo faltaría la de Legislación y la de Equidad y Género. Tras los cambios en la Cámara Alta son los nuevos componentes de las comisiones los que deben analizarla.
“Lo que pedimos es que entre en la orden del día, lo que queremos es que se trata antes de fin de año. Por lo menos, que ese trámite en la Cámara de Senadores se haga ahora, antes de las internas, puesto que el periodo parlamentario va hasta el 21 de diciembre”, expresó por su parte Marcella Zub, coordinadora de la Campaña Paraguay Vota Paridad, que busca instalar el debate en la sociedad civil sobre la equidad en oportunidades para el hombre y la mujer en el sector político.